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lopredoelvira by lopredoelvira
octubre 8, 2026
in Política
Reading Time: 4 mins read
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A poco más de una semana del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativa la derogación de la Ley Nacional 26.737, el debate por la propiedad extranjera de tierras rurales llegó a la Legislatura bonaerense. Diputados, abogados y excombatientes de Malvinas analizaron el nuevo escenario generado por el DNU 70/2023 de Javier Milei y reclamaron avanzar con una respuesta propia de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados y reunió a la legisladora Lucía Iañez, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y especialistas en derecho constitucional. La discusión se vinculó además con los proyectos que ya tramitan en la Legislatura para establecer un régimen bonaerense de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.

Una de las intervenciones más fuertes estuvo a cargo del excombatiente Hugo Robert, quien vinculó la eliminación de los límites con el avance de grandes capitales sobre recursos estratégicos y advirtió: “Nos están robando el futuro”.

El punto de partida del debate fue el fallo de la Corte Suprema sobre la causa iniciada por el CECIM. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley de Tierras Rurales.

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La sentencia no resolvió, sin embargo, si la derogación es constitucional o inconstitucional. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover la acción en los términos planteados y cerró el expediente por una cuestión procesal. El efecto fue que el artículo 154 volvió a quedar operativo y, con él, dejó de regir el régimen de restricciones específicas establecido por la Ley 26.737.

Ese punto fue cuestionado durante el encuentro en Diputados. El abogado constitucionalista Julián Portela puso el foco en la decisión de la Corte de negar legitimación al CECIM y planteó: “Si ellos no tienen legitimación, ¿quién la tiene?”. Desde la organización de excombatientes, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola cuestionó también el criterio adoptado y sostuvo que se trata de una Corte que “le cierra la puerta al pueblo”.

La discusión ya había generado una pulseada política en la Cámara baja bonaerense. El mismo día en que se conoció el fallo, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, intentó aprobar sobre tablas un repudio a la decisión judicial, pero no consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento.

La moción había reunido a Fuerza Patria, Unión y Libertad, Nuevos Aires, la UCR y el Frente de Izquierda, mientras que La Libertad Avanza, el PRO, UCR + Cambio Federal, Derecha Popular y la Coalición Cívica no acompañaron el tratamiento sobre tablas.

Un día después, el escenario tuvo otra modificación: diputados de Fuerza Patria, Nuevos Aires, Unión y Libertad, la Coalición Cívica y la UCR firmaron un proyecto de declaración contra la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. De esta manera, la discusión sumó a los bloques de la Coalición Cívica que no habían acompañado la primera iniciativa.

En paralelo, los proyectos de ley bonaerenses comenzaron a avanzar. Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales utilizados en las iniciativas que tramitan en la Legislatura, existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires, equivalentes al 2,89% de la superficie rural bonaerense.

El promedio provincial, sin embargo, oculta fuertes diferencias entre municipios. Campana registra un 50,2% de su superficie rural bajo titularidad extranjera y Zárate alcanza el 24,8%. Ambos distritos superan el límite municipal del 15% que establecía la legislación nacional.

También aparecen porcentajes relevantes en Benito Juárez, con 13,4%; Presidente Perón, 12,4%; Exaltación de la Cruz, 12,1%; Almirante Brown, 11,8%; Ezeiza, 11%; Leandro N. Alem, 10,3%; La Plata y Florencio Varela, 9,9%; y Esteban Echeverría, 9,7%.

Frente a este escenario, en Diputados tramitan al menos dos iniciativas para establecer un régimen provincial. El expediente D-2709/26-27, impulsado por Noelia Saavedra, Cintia Romero y Facundo Tignanelli, propone un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. El D-2749/26-27 fue presentado por Sofía Vannelli junto a Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera.

La Comisión de Tierras y Organización Territorial comenzó a unificar ambos textos. Entre los puntos compartidos aparecen un límite del 15% de titularidad extranjera sobre la superficie rural de la Provincia y de cada municipio, restricciones a la concentración por nacionalidad y un régimen especial para la Zona Núcleo.

Las propuestas también establecen que un mismo titular extranjero no pueda superar las 1.000 hectáreas en esa región y contemplan la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales para identificar tanto a los titulares formales como a los beneficiarios finales detrás de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión.

El Senado bonaerense también se incorporó a la discusión. El jefe del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, presentó el expediente E-487/26-27, que propone crear un Régimen Provincial de Protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. El proyecto mantiene el techo del 15%, impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese cupo y fija el límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la Zona Núcleo.

La discusión tendrá además un capítulo nacional el 15 de octubre. Bloques opositores buscan reunir los 129 diputados necesarios para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados y avanzar contra el DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, por lo que un nuevo rechazo en Diputados completaría el procedimiento parlamentario para dejarlo sin efecto hacia adelante.

Mientras tanto, La Libertad Avanza y sus aliados analizan una propuesta alternativa que volvería a incorporar algunos límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Entre las restricciones que se negocian aparecen nuevamente el 15% como límite general y el 30% para una misma nacionalidad, dos de los parámetros que el DNU había eliminado.

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