En medio de un escenario cada vez más crítico, autoridades sanitarias de 18 provincias salieron a cuestionar con dureza la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el Gobierno de Javier Milei. El rechazo se expresó durante el Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15 mil participantes y evidenció la creciente preocupación por el impacto del ajuste en el sistema público.
El planteo se dio en el marco del 3° Encuentro Federal de Salud Mental, donde se expusieron datos alarmantes: durante 2025, las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 77%, mientras que la demanda de atención ambulatoria se disparó un 134%, según el informe federal analizado en la jornada.
Del encuentro participaron representantes de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis, quienes coincidieron en que la situación no sólo no mejora, sino que empeora en un contexto de fuerte desfinanciamiento por parte de Nación.
Las autoridades provinciales advirtieron sobre el incremento de los padecimientos, el aumento de los suicidios y las crecientes dificultades de acceso a la atención, en un contexto social atravesado por la crisis económica y el aumento de la desigualdad.
En ese marco, el rechazo a la reforma impulsada por el Ministerio de Salud fue contundente. Según plantearon, el proyecto implica un retroceso en derechos al recortar fuentes de financiamiento clave, sumar nuevas barreras para el acceso a tratamientos —especialmente en situaciones de urgencia— y debilitar el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.
Además, señalaron que la iniciativa desconoce el trabajo que vienen desarrollando las provincias y vulnera los principios del federalismo sanitario, al avanzar sin consenso con las jurisdicciones.
Como respuesta, los representantes acordaron fortalecer los espacios federales de coordinación y reclamaron la urgente reactivación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), ámbito que consideran clave para definir políticas públicas de manera conjunta.
También impulsaron la elaboración de estudios epidemiológicos a nivel nacional y el desarrollo de guías clínicas para mejorar la atención, especialmente en infancias y juventudes, en articulación con universidades públicas.
El diagnóstico es compartido: la salud mental atraviesa una emergencia que requiere políticas sostenidas y coordinación entre Nación y provincias. Sin embargo, lejos de ese camino, el conflicto con el Gobierno nacional suma tensión y deja en evidencia las dificultades para construir respuestas en un área cada vez más demandada.
