El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación en el esquema de subsidios al gas que podría trasladarse directamente a las facturas de los usuarios, en el marco de su política de reconfiguración del sistema energético.
A través del Decreto 266/2026, el Ejecutivo habilitó la posibilidad de aumentar o reducir hasta en un 50% el recargo que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, una herramienta clave para sostener tarifas diferenciales en zonas frías.
Este fondo se nutre de un adicional de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido en el país. Su objetivo es compensar el costo del servicio en regiones con bajas temperaturas, donde el consumo es más elevado.
Con la nueva medida, el Ministerio de Economía queda facultado para modificar ese recargo sin necesidad de dictar nuevas normas, lo que le otorga mayor discrecionalidad para intervenir en el esquema de subsidios. Según el Gobierno, el cambio apunta a “mejorar la administración” de los recursos y agilizar la gestión energética.
Sin embargo, la decisión abre interrogantes sobre su impacto concreto en los usuarios, ya que cualquier variación en ese recargo se reflejará en las boletas de gas, en un contexto donde las tarifas ya vienen registrando aumentos sostenidos.
La normativa también ratifica que el régimen de subsidios se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, aunque con un esquema más flexible que permite ajustes sin pasar por el Congreso.
La recaudación y el control de estos fondos quedarán bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), consolidando el rol del área económica en la administración de los recursos.
Así, el Gobierno suma una nueva herramienta para redefinir el esquema de subsidios, en una medida que, bajo el argumento de eficiencia, podría traducirse en mayores costos para los usuarios en todo el país.
