El Gobierno de Javier Milei volvió a avanzar con un recorte sobre políticas sensibles y decidió eliminar el financiamiento estatal para los pasajes gratuitos en micros de larga distancia destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. Aunque el derecho a viajar sin cargo seguirá vigente por ley, el costo quedará ahora exclusivamente en manos de las empresas privadas.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, donde se derogó el sistema de compensaciones económicas que el Estado nacional venía pagando a las compañías de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a sectores vulnerables.
Hasta ahora, las empresas recibían reintegros parciales por los pasajes emitidos para personas con discapacidad, pacientes incluidos en el sistema de trasplantes (SINTRA) y menores alcanzados por la Ley de Oncología Infantil.
En línea con la política de ajuste y retiro del Estado que impulsa el oficialismo libertario, el Gobierno argumentó que el esquema había sido creado en un contexto de “emergencia” y bajo un modelo de fuerte intervención estatal sobre el transporte.
La administración nacional sostuvo además que, tras la desregulación del sistema interjurisdiccional aprobada mediante el Decreto 883/2024, las empresas ahora tienen libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían absorber esos costos dentro de su funcionamiento habitual.
Según el texto oficial, la eliminación de las compensaciones responde a un “nuevo paradigma regulatorio” basado en “la libertad tarifaria, la simplificación normativa y la promoción de la competencia”.
En los hechos, el Gobierno decidió retirar el aporte estatal y trasladar toda la carga económica al sector privado, mientras continúa profundizando su programa de recortes sobre distintas áreas sociales.
La resolución aclara que el derecho de los usuarios a viajar gratis no fue eliminado. Seguirán vigentes los beneficios contemplados en la Ley 22.431 para personas con discapacidad, en la Ley 26.928 para pacientes trasplantados y en la Ley 27.674 de Oncología Infantil.
“El derecho a la gratuidad permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”, señala el documento oficial.
Sin embargo, el cambio abre interrogantes sobre cómo responderán las empresas frente a la eliminación de los reintegros estatales y sobre el cumplimiento efectivo de la entrega de pasajes gratuitos.
Ante ese escenario, el Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener las tareas de control y fiscalización para garantizar que las compañías continúen otorgando los boletos sin cargo.
La medida comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque se mantendrán los pagos correspondientes a compensaciones ya generadas antes de la entrada en vigencia de la resolución.
