La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas volvió a encender señales de alarma. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que los concursos preventivos crecieron más de 130% en el último año y reclamó una ley de emergencia económica para frenar lo que definieron como un proceso de “cierre acelerado y masivo” de empresas bajo el modelo económico de Javier Milei.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, sostuvo que el deterioro del entramado productivo ya superó incluso las previsiones más pesimistas que manejaba el sector empresario.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local demuestra que el daño es mucho peor”, afirmó.
La entidad difundió un duro documento donde alertó sobre una situación de “crisis terminal” y reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente para evitar el colapso de miles de empresas.
Además, IPA exigió al Congreso el tratamiento inmediato de proyectos de emergencia económica destinados a proteger a las Pymes frente al avance de quiebras, ejecuciones y cierres de fábricas.
Según el informe elaborado por el Departamento de Legales de la entidad, la situación productiva se agravó de manera drástica desde el cambio de gobierno. Solo entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas en todo el país.
El impacto también se refleja en el empleo. De acuerdo con IPA, más de 327.813 trabajadores perdieron cobertura del sistema de riesgos del trabajo producto de la destrucción de puestos laborales.
El titular del área legal de IPA, Germán Pizzano, advirtió que el escenario económico está generando además un fuerte colapso judicial vinculado a la cantidad de empresas que buscan evitar la quiebra.
Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2025 se abrieron 190 concursos preventivos, frente a los 82 registrados en 2023. El salto representa un incremento del 131,71%.
La situación incluso empeoró durante el inicio de 2026. Solo entre febrero y abril ya se iniciaron 92 nuevos procesos concursales, una cifra que amenaza con superar los peores registros de la pandemia.
Durante el pico de la crisis sanitaria se habían registrado 106 concursos preventivos. El año pasado fueron 190 y las proyecciones para este año muestran un escenario todavía más crítico.
Desde IPA remarcaron además que la gravedad de la crisis no se limita a balances empresariales negativos sino que impacta directamente sobre el empleo, la producción y el consumo interno.
“La pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, es mucho más trágica que el costo contable del cierre de una fábrica”, advirtió Pizzano.
El informe también expuso el proceso de desinversión que atraviesa el país. Según la entidad, la caída de la inversión extranjera directa ya registra un saldo negativo “histórico y sin precedentes”, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.
En paralelo, IPA alertó que muchas empresas locales están abandonando la producción para reconvertirse en importadoras, empujadas por el esquema de dólar barato y apertura económica impulsado por el Gobierno nacional.
“Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica”, describió Pizzano.
Otro de los datos preocupantes señalados por la entidad es el nivel de capacidad ociosa industrial, que actualmente alcanza el 40,2%, reflejando la fuerte caída de la actividad y del mercado interno.
Frente a este panorama, IPA reclamó avanzar con una nueva legislación de emergencia similar a la aplicada tras la crisis de 2001. Entre las medidas propuestas aparecen la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión de plazos judiciales y mecanismos que permitan a las empresas recuperar capital de trabajo.
“No hay tiempo para debatir ideologías, solo para salvar empresas y trabajadores”, insistió Rosato.
Desde la entidad sostienen que sin un cambio en las condiciones macroeconómicas, cualquier alivio judicial será insuficiente. Por eso reclamaron políticas que impulsen el mercado interno, la recuperación del salario real, el empleo y el consumo masivo.
“La espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas para la recuperación productiva”, concluyó el documento de IPA.
