El Gobierno nacional decidió prorrogar la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 al considerar que persisten las condiciones críticas que afectan al sistema de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La administración de Javier Milei justificó la decisión en la necesidad de sostener herramientas regulatorias excepcionales para garantizar la prestación del servicio mientras continúan los problemas de infraestructura y financiamiento que atraviesa el sector.
Entre los argumentos expuestos en el decreto, el Ejecutivo señaló que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes de reserva muy reducidos. Según los informes oficiales, durante los picos de demanda registrados en febrero de 2025 la reserva operativa llegó apenas al 4,4%, un nivel que el Gobierno considera insuficiente para afrontar contingencias.
A este escenario se suma el deterioro de gran parte de la infraestructura eléctrica. El texto oficial sostiene que más del 60% de las fallas registradas en las redes de distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que las principales estaciones transformadoras funcionan con niveles de carga superiores al 90%, reduciendo el margen de respuesta del sistema.
El decreto también remarca que las obras necesarias para ampliar la capacidad de transporte eléctrico, entre ellas el proyecto AMBA I y nuevas líneas de alta tensión de 500 kV, demandan plazos de ejecución que exceden el corto plazo. Por ese motivo, el Gobierno considera necesario mantener vigente el régimen de emergencia.
En paralelo, la Casa Rosada aseguró que busca consolidar la recuperación económica y financiera del sector energético. Destacó que la cobrabilidad de CAMMESA pasó del 48% al 97% tras la normalización de la cadena de pagos, aunque reconoció que todavía existe una diferencia importante entre el costo real de generación y el precio que abonan los usuarios.
De acuerdo con los datos oficiales, en mayo de 2026 los hogares que reciben subsidios pagaban, en promedio, apenas el 24% del costo de abastecimiento eléctrico a través del Precio Estacional (PEST). En ese contexto, el Gobierno sostuvo que la continuidad de la emergencia permitirá avanzar de manera gradual hacia el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), evitando un traslado inmediato de todos los costos a los sectores de menores ingresos.
La decisión también busca unificar los plazos de la emergencia eléctrica con la vigente para el transporte y la distribución de gas natural. El Ejecutivo argumentó que la generación térmica sigue siendo una pieza central de la matriz energética y que la disponibilidad de gas resulta determinante tanto para el abastecimiento como para los costos del sistema eléctrico.
Finalmente, el decreto advierte que una eventual finalización del régimen excepcional podría generar demoras regulatorias, afectar los mecanismos de financiamiento, desalentar inversiones y comprometer la continuidad del servicio. Con esta prórroga, el Gobierno mantiene hasta fines de 2027 las facultades extraordinarias para intervenir en la administración del sistema energético mientras continúa el proceso de reestructuración del sector.





