El Gobierno de Javier Milei volvió a endurecer su política migratoria con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión del país a los extranjeros que, según el texto oficial, difundan “mensajes de odio, discriminación o violencia” contra la Argentina o sus ciudadanos, o que ultrajen los símbolos patrios. Sin embargo, el anuncio deja abiertas preguntas centrales sobre cómo se aplicará la medida y quién tendrá la facultad de determinar esas conductas.
La norma fue publicada durante la madrugada y presentada por la Oficina del Presidente como una respuesta a las supuestas manifestaciones de hostilidad contra la Argentina registradas durante el último Mundial de fútbol.
El comunicado sostiene que quienes ataquen a la República Argentina “no son bienvenidos”, aunque el decreto no precisa cuáles serán los criterios para establecer cuándo una expresión constituye un mensaje de odio, discriminación o violencia, ni qué organismo reunirá las pruebas para justificar una eventual expulsión.
Tampoco queda claro qué procedimiento deberá seguir la Dirección Nacional de Migraciones ni cuál será el alcance del control judicial sobre una decisión de ese tipo. En la práctica, las expulsiones de extranjeros no dependen únicamente de una decisión política, sino que están sujetas a procedimientos administrativos y pueden ser revisadas por la Justicia.
La iniciativa se suma a una serie de medidas impulsadas por Milei para endurecer el régimen migratorio. Meses atrás, el Gobierno había dictado el DNU 366/2025, que modificaba aspectos vinculados con la ciudadanía, la salud y la educación para extranjeros. Esa norma fue declarada inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral y permanece pendiente de una definición de la Corte Suprema.
También fue creado el Programa de Seguridad Migratoria, mediante el cual fuerzas federales comenzaron a colaborar con Migraciones en tareas de control e investigación.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo vuelve a avanzar sobre un terreno que ya había generado objeciones judiciales. Además de las discusiones políticas, la medida promete abrir un debate sobre su viabilidad práctica: cómo se acreditarán las conductas sancionadas, qué autoridad decidirá una expulsión y cuáles serán las garantías para evitar decisiones arbitrarias.
