El debate por la posible modificación de la Ley de Glaciares 26.639 volvió a instalar una fuerte polémica en el Senado. El oficialismo busca redefinir los alcances de la protección ambiental para habilitar inversiones en minería e hidrocarburos, mientras que la oposición peronista y sectores ambientalistas advierten que podría ponerse en riesgo una de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país.
Qué propone el oficialismo
El bloque de La Libertad Avanza impulsa cambios en artículos clave de la norma vigente con el argumento de que la redacción actual genera “inseguridad jurídica” y frena inversiones productivas.
Entre los puntos centrales de la propuesta se destacan:
Restringir la protección estricta solo a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”.
Redefinir el alcance del ambiente periglacial.
Reforzar la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Según el oficialismo, la modificación permitiría compatibilizar el desarrollo económico con controles ambientales y auditorías técnicas, especialmente en provincias con potencial explotación de litio y cobre como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Por qué la oposición rechaza la iniciativa
Desde el interbloque de Unión por la Patria sostienen que los cambios debilitarían la protección vigente al dejar sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar glaciares y cuencas hídricas.
El presidente del bloque justicialista en el Senado, Jose Mayans, encabeza la postura más crítica. Argumenta que la ley actual tiene como objetivo central preservar reservas de agua potable destinadas al consumo humano y al riego, en un contexto de crisis climática y creciente estrés hídrico.
Para el peronismo, flexibilizar las restricciones abriría la puerta a proyectos de megaminería en zonas sensibles, con riesgo de afectar un recurso considerado estratégico.
Tensiones internas en las provincias mineras
El conflicto no es solo entre oficialismo y oposición. Dentro del propio peronismo existen diferencias: legisladores de provincias con fuerte perfil minero enfrentan presiones cruzadas entre la defensa ambiental y la necesidad de atraer inversiones y empleo.
La ley vigente protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial —incluidos suelos congelados que regulan el escurrimiento del agua— y prohíbe actividades extractivas que puedan comprometer su integridad.
El contraproyecto opositor
En paralelo, el diputado nacional Eduardo Valdes presentó una iniciativa alternativa que propone fortalecer el régimen actual. El texto plantea:
Reafirmar la prohibición de actividades mineras e industriales en zonas protegidas.
Declarar el agua proveniente de glaciares como recurso estratégico de interés nacional.
Actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Glaciares para garantizar monitoreo científico permanente.
Priorizar el consumo humano y el riego por sobre cualquier explotación económica.
El trasfondo del debate
La controversia combina tres ejes centrales:
Modelo de desarrollo: apertura a la megaminería y explotación de hidrocarburos versus un esquema de protección ambiental estricta.
Federalismo: mayor autonomía provincial frente a regulaciones nacionales.
Seguridad hídrica: preservación de reservas de agua dulce en un contexto de cambio climático.
El debate promete ser intenso porque no solo define el alcance de una norma ambiental clave, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y resguardo de recursos naturales estratégicos.
