La investigación por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA sumó un elemento que podría comprometer aún más al presidente Javier Milei. Un peritaje oficial detectó en dispositivos electrónicos del trader Mauricio Novelli borradores de un supuesto acuerdo confidencial que lo habría vinculado con el empresario estadounidense Hayden Davis en tareas de asesoramiento en criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial.
El hallazgo surge de un informe técnico elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo del Ministerio Público Fiscal que analizó celulares y otros equipos secuestrados en la causa.
Un acuerdo que el Presidente niega
El mandatario nunca reconoció públicamente la existencia de ese convenio. Sin embargo, tras el colapso del token —que según consta en el expediente habría dejado pérdidas a más de 40.000 inversores—, Davis aseguró en una entrevista que asesoraba al jefe de Estado.
La firma del empresario, Kelsier Ventures, difundió además un mensaje luego de un encuentro realizado el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada. En esa publicación se replicaba un posteo del propio Milei en el que ambos aparecían fotografiados y se hablaba de impulsar la llegada de nuevas tecnologías financieras “a las masas”.
El contrato en cuestión, revelado periodísticamente a fines de enero de 2025, habría sido firmado el 29 de ese mes, un día antes de la reunión oficial. El texto, redactado en castellano y en primera persona, establecía que Davis prestaría servicios “ad honorem”, sin recibir contraprestación económica.
Comunicaciones cruzadas y chats eliminados
El informe pericial confirmó intercambios entre Novelli y el Presidente, así como contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el propio Davis.
En uno de los dispositivos analizados se encontraron distintos borradores del acuerdo. También quedaron expuestas conversaciones borradas entre Novelli y otros actores vinculados al proyecto, entre ellos Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Según consta en la causa, un entendimiento de características similares habría sido suscripto en noviembre de 2024, presuntamente con participación de Morales en representación del Gobierno.
Reclamos judiciales y sospechas administrativas
El fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe si existe algún acuerdo confidencial entre Milei y Davis relacionado con asesoramiento tecnológico y desarrollos en blockchain.
En paralelo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que interviene como amicus curiae, requirió acceso a la documentación pública sobre el presunto contrato. La Secretaría General de la Presidencia respondió que no tiene registro de un convenio de esas características.
Para la ONG, la ausencia de constancias administrativas es un dato relevante: un acuerdo de ese tipo debería haber atravesado canales formales. De comprobarse que no hubo actuación oficial, podría tratarse —advierten— de un instrumento celebrado por fuera de la estructura legal del Estado. Por eso, insisten en investigar un posible caso de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Movimientos financieros bajo la lupa
El peritaje también reveló que Novelli abrió una caja de seguridad en una sucursal del Banco Galicia de Martínez diez días antes del lanzamiento de $LIBRA y que la misma fue vaciada el primer día hábil posterior al derrumbe del token.
Asimismo, los investigadores detectaron conversaciones eliminadas entre el trader y su entorno familiar. La hermana de Novelli habría tenido participación en la organización del denominado Tech Forum, evento que sirvió para conectar inversores extranjeros con iniciativas locales.
El plan de “tokenizar” el Estado
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el supuesto contrato contemplaba asesoramiento no solo en criptoactivos sino también en inteligencia artificial, con el objetivo declarado de avanzar en la “tokenización” del Estado argentino y en el desarrollo de soluciones basadas en tecnología blockchain.
El Presidente sostiene que solo utilizó su cuenta personal en la red social X para difundir el proyecto y que luego eliminó la publicación al advertir que no conocía sus detalles. También afirma que no se utilizaron fondos públicos.
Mientras la defensa presidencial intenta despegarlo del emprendimiento, la causa continúa en etapa de análisis probatorio y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.
