Este lunes 30 de marzo comienza la tercera semana consecutiva del paro nacional universitario, en medio de un creciente conflicto entre los docentes y el Gobierno por la falta de respuestas salariales y el ajuste en el financiamiento educativo.
La medida de fuerza, impulsada por las federaciones mayoritarias CONADU Histórica y CONADU, busca presionar por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado, que contempla un aumento del presupuesto para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
Sin embargo, el eje central del reclamo pasa por la fuerte pérdida del poder adquisitivo. Los gremios denuncian un atraso salarial significativo frente a la inflación, que se profundizó en los últimos meses.
En ese contexto, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundieron a comienzos de marzo un informe que expone la gravedad de la situación: el salario real se encuentra en su nivel más bajo en décadas, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y, aún más alarmante, por debajo de los peores registros de 2004.
El paro impacta en numerosas universidades del país. En la Universidad Nacional de Luján (UNLu), por ejemplo, se lleva adelante una semana completa de cese de actividades, tanto docentes como no docentes, desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril, bajo la consigna de defender la universidad pública y exigir salarios dignos.
En la misma línea, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) también resolvió profundizar las medidas de fuerza durante toda la semana, lo que implica la paralización de actividades académicas en varias facultades.
Además del paro, el plan de lucha contempla concentraciones y posibles movilizaciones en distintas sedes universitarias de todo el país. Aunque todavía no hay detalles confirmados sobre fechas y lugares, el conflicto sigue escalando en un escenario de creciente tensión por el ajuste en el sistema educativo público.
