La tensión dentro de las fuerzas federales de seguridad escaló a un nivel inédito: por primera vez en años, los cinco cuerpos convocaron a una movilización conjunta para el 2 de abril frente al Edificio Centinela, en Retiro. El reclamo apunta directamente al deterioro salarial y al colapso en la cobertura médica.
La convocatoria incluye a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. La modalidad elegida será un “abrazo solidario”, una señal de unidad que busca exponer públicamente una crisis que, aseguran, ya no se puede ocultar.
Detrás de la protesta hay una realidad cada vez más extendida: sueldos que no alcanzan para cubrir lo básico. Según denuncian los propios uniformados, muchos quedaron por debajo de la línea de pobreza y se ven obligados a buscar ingresos extra para sobrevivir.
El impacto se siente en la vida cotidiana. Crecen los casos de efectivos que recurren a trabajos informales o manejan aplicaciones de transporte para completar el salario. La bronca se canaliza en grupos internos donde, según admiten desde las propias fuerzas, el clima es de ebullición permanente.
El frente sanitario agrava aún más el escenario. Tras la reconfiguración del sistema de salud —con la disolución de Iosfa y la creación de nuevos esquemas como OSFFESEG y OSFA—, las promesas oficiales quedaron lejos de la realidad. Los reclamos apuntan a prestaciones limitadas, demoras y, en algunos casos, falta total de cobertura.
El conflicto también deja expuestas fisuras dentro del área de Seguridad. La conducción de la ministra Alejandra Monteoliva quedó bajo cuestionamiento en medio de una crisis que escala sin respuestas claras.
Su pasado en la gestión de Córdoba durante el acuartelamiento policial de 2013 volvió a aparecer en el debate interno, alimentando críticas sobre su manejo en contextos de alta conflictividad.
A la par, resurgen cuestionamientos a decisiones tomadas en la etapa anterior, bajo la conducción de Patricia Bullrich. Desde distintos sectores señalan que se generaron privilegios para cúpulas jerárquicas, lo que profundizó desigualdades y tensiones entre las distintas fuerzas.
La protesta conjunta marca un antes y un después. Con salarios deteriorados, un sistema de salud en crisis y disputas internas sin resolver, el conflicto en las fuerzas federales se convierte en un nuevo foco de presión para el Gobierno.
