Los médicos de cabecera del PAMI comenzaron un paro de 72 horas en todo el país para rechazar un recorte en sus ingresos que, según denuncian, vuelve insostenible la atención y golpea de lleno a los jubilados.
La medida es impulsada por la APPAMIA, que cuestionó la resolución 1107/2026 por reducir drásticamente los honorarios, modificar las condiciones laborales y haber sido aplicada sin consulta previa.
“Los médicos de cabecera cobrarán exactamente la mitad”, advirtió Fernanda Scoccia. Según detalló, los ingresos mensuales caen de unos 2.100.000 pesos a cerca de 1.400.000, un nivel que no alcanza para cubrir los costos básicos de funcionamiento de los consultorios.
El nuevo esquema elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, suma más prestaciones dentro de un pago fijo y quita incentivos a la formación profesional. Además, se aplicó de forma retroactiva, lo que profundizó el malestar en el sector.
Los profesionales describen una situación cada vez más exigente: jornadas completas, atención de pacientes cada 20 minutos, sistemas informáticos que fallan y tareas administrativas que se extienden fuera del horario laboral. A pesar de esa carga, el pago por paciente ronda los 2.100 pesos, lo que, aseguran, hace inviable sostener la actividad.
El impacto también alcanza a los odontólogos, que cobran apenas 374 pesos por consulta y arrastran atrasos de hasta tres meses en los pagos. Sin recursos para insumos básicos, muchos ya dejaron de atender y mantienen medidas de fuerza desde hace semanas.
Desde el gremio advierten que el deterioro no es solo salarial, sino también sanitario: menos profesionales, menos consultorios y una caída en la calidad de atención para millones de jubilados.
Aunque durante el paro se garantizan urgencias, el conflicto expone las consecuencias del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que empieza a trasladarse a servicios esenciales.
APPAMIA exige la derogación inmediata de la resolución, una recomposición de honorarios —con un piso de 6.500 pesos por paciente— y la reincorporación de trabajadores despedidos. También evalúan avanzar judicialmente ante lo que consideran condiciones laborales irregulares.
El reclamo deja una advertencia concreta: el recorte del gasto no solo impacta en números fiscales, sino en la atención médica cotidiana, con jubilados que empiezan a quedar en el medio de un sistema cada vez más debilitado.
