El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el deterioro del sistema de transporte y anticipó una ofensiva judicial ante lo que considera un intento de excluir a la empresa estatal Aubasa de licitaciones clave.
En su conferencia de prensa habitual, el funcionario vinculó la reducción de frecuencias en el AMBA con decisiones del Gobierno nacional, especialmente la eliminación de subsidios, el recorte de beneficios en la red SUBE y el aumento del combustible. Según explicó, estas medidas derivaron en subas de tarifas superiores al 1000% y en un servicio cada vez más deteriorado.
Bianco aseguró que la Provincia mantiene sus aportes al sistema —unos 65 mil millones de pesos mensuales— y responsabilizó a Nación por una deuda cercana a los 46 mil millones en concepto de atributo social. Además, señaló que el reclamo total por fondos no transferidos asciende a 5 billones de pesos.
“Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de fijar un precio del combustible que las empresas y los usuarios puedan sostener”, reclamó.
El conflicto también se extiende al área de infraestructura. Bianco denunció que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, busca dejar afuera a Aubasa de las licitaciones para la operación de rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Desde Nación argumentan falta de experiencia y solvencia financiera, pero el funcionario bonaerense rechazó esas críticas y las calificó como “ridículas”. “Dicen que una empresa de concesiones viales no puede presentarse a una concesión vial”, ironizó.
Bianco defendió el rol de Aubasa, destacando que administra corredores estratégicos como la Autopista Buenos Aires–La Plata y ejecuta obras de ampliación y repavimentación en distintas rutas.
Frente a este escenario, confirmó que la Provincia avanzará con la impugnación judicial del proceso licitatorio. “No nos vamos a quedar callados. Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione sus propias rutas”, advirtió.
El cruce suma tensión entre Nación y la provincia de Buenos Aires en medio de un contexto de ajuste, donde los conflictos por financiamiento y gestión de servicios clave empiezan a escalar también al terreno judicial.
