En medio de la caída sostenida de la recaudación, el gobierno de Javier Milei avanza con un fuerte ajuste del gasto que golpea de lleno a las provincias. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, en abril los envíos discrecionales se desplomaron un 53% interanual, consolidando un escenario de asfixia financiera para los distritos.
Durante el mes pasado, las transferencias apenas alcanzaron los $154.643 millones, ubicándose como el segundo peor abril desde 2005, solo por encima de 2024. En este contexto de fuerte recorte de fondos no automáticos, cuatro partidas concentraron la mayor parte de los recursos distribuidos.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) encabezaron la lista con $47.000 millones destinados a nueve provincias, representando el 30% del total. Le siguieron los fondos para la Universalización de la Jornada Extendida ($35.000 millones, 23%), los destinados a Comedores Escolares ($27.000 millones, 17%) y las transferencias a cajas previsionales provinciales ($20.000 millones, 13%). En conjunto, estas cuatro vías explicaron el 83% de los envíos del mes.
La distribución de los fondos también evidenció fuertes desigualdades. La provincia de Buenos Aires concentró el 25,7% del total, con $39.708 millones, principalmente destinados a programas educativos y alimentarios. Detrás se ubicaron Entre Ríos (8,9%), Chaco (6,9%), Tucumán (6,3%), Santa Fe (6,1%), Mendoza (5,8%), Córdoba (5,8%), Neuquén (5,4%), Misiones (4,8%) y San Juan (4,6%). Estas diez jurisdicciones reunieron el 80% de los recursos distribuidos.
En el extremo opuesto, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz recibieron menos de $400 millones cada una, lo que en conjunto representó apenas el 0,5% del total.
El informe también advierte sobre el creciente peso de los ATN como mecanismo de asistencia, lo que incrementa la discrecionalidad en el reparto de fondos. Neuquén encabezó las transferencias por esta vía con $8.000 millones, seguida por Mendoza ($7.000 millones), San Juan y Chaco (ambas con $6.000 millones), entre otras.
Pese al ajuste, el Gobierno mantiene herramientas de financiamiento: ante la caída de la actividad y la recaudación, en abril debió asistir a una docena de provincias con anticipos por unos $400.000 millones, que serán descontados de la coparticipación en lo que resta del año.
El esquema expone una contradicción creciente: mientras se recortan transferencias clave para el funcionamiento provincial, se multiplican los mecanismos discrecionales y los rescates financieros, profundizando la dependencia de las provincias en un contexto económico cada vez más restrictivo.
