En una decisión que genera fuerte rechazo en el ámbito ambiental, el Gobierno nacional oficializó la nueva Ley de Glaciares mediante el Decreto 271/2026, marcando un cambio profundo en el esquema de protección de las principales reservas de agua dulce del país.
La normativa llega al Boletín Oficial tras un trámite parlamentario cargado de tensiones. El pasado 8 de abril, el oficialismo logró aprobarla en Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra, en una sesión atravesada por la paridad y las críticas de organizaciones sociales que intentaron frenar el avance del proyecto.
El eje central de la reforma implica un giro en el modelo de protección vigente desde 2010: se transfieren facultades clave a las provincias, que ahora tendrán la potestad de definir qué zonas glaciares y periglaciares deben ser preservadas. Este cambio deja atrás el esquema nacional unificado y habilita criterios diferenciados según cada jurisdicción.
Para especialistas y organizaciones ambientalistas, esta “provincialización” abre la puerta a que áreas hasta ahora protegidas queden expuestas a actividades extractivas, especialmente la minería. Advierten que, al permitir que cada provincia establezca sus propios parámetros, se debilita la protección y se pone en riesgo el equilibrio de ecosistemas estratégicos.
Desde el ambientalismo califican la medida como un retroceso sin precedentes y alertan sobre una posible violación del principio de progresividad ambiental, que establece que las nuevas normas no deben reducir el nivel de protección alcanzado.
El conflicto ya comenzó a trasladarse al plano judicial. Diversas organizaciones y asambleas ciudadanas impulsan acciones colectivas para declarar la inconstitucionalidad de la ley, con el argumento de que los glaciares forman parte de un sistema hídrico interjurisdiccional que no puede quedar sujeto a decisiones fragmentadas.
Mientras el Gobierno defiende la reforma en nombre del federalismo y el desarrollo económico, crece la preocupación por el impacto a largo plazo sobre los recursos hídricos, en un escenario donde la disputa entre ambiente y explotación vuelve a quedar en el centro de la agenda.
