Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figuran como vendedoras de un departamento en Caballito adquirido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que existió un acuerdo por un pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura, dinero que —según afirmó— aún no fue abonado.
Durante su testimonio, Feijoo sostuvo bajo juramento que fue el verdadero responsable de la operación inmobiliaria en la que formalmente aparecen su madre, Beatriz Viegas, y otra jubilada, Claudia Sbabo. Ambas no solo figuran como vendedoras del inmueble, sino también como prestamistas de 200.000 dólares a Adorni, monto que el funcionario debería devolver en cuotas y sin interés.
El desarrollador inmobiliario explicó que había adquirido el departamento en mayo de 2025 por 200.000 dólares con la intención de refaccionarlo y venderlo a un valor mayor. Según relató, inicialmente lo ofreció en 300.000 dólares, pero ante la falta de liquidez de Adorni —quien aseguró contar con solo 30.000 dólares— se habría cerrado un acuerdo alternativo.
De acuerdo a su declaración, la operación se estructuró con una escritura por 230.000 dólares, un pago inicial en efectivo de 30.000 y un compromiso adicional de 65.000 dólares no registrado, destinado a cubrir gastos de refacción y honorarios profesionales.
Este esquema, ahora bajo investigación judicial, acercaría el valor real de la operación a unos 295.000 dólares, aunque el inmueble habría alcanzado un precio de mercado cercano a los 345.000 dólares tras las mejoras realizadas.
Feijoo también indicó que el monto extra aún no fue saldado, lo que implicaría una nueva deuda para el jefe de Gabinete. Este pasivo se sumaría a otros compromisos financieros ya registrados: una hipoteca de 200.000 dólares con las jubiladas involucradas en la operación y otra de 70.000 dólares correspondiente a una propiedad anterior. Ambas obligaciones vencerían en noviembre.
En el marco de la misma causa, también declaró Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió a Adorni una vivienda en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, otra de las propiedades incorporadas por el funcionario en los últimos años.
El avance de la investigación pone bajo la lupa la evolución patrimonial de Adorni y abre interrogantes sobre la legalidad de las operaciones realizadas, en un contexto donde crecen los cuestionamientos hacia funcionarios del gobierno nacional.
