El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo marco regulatorio para ordenar el desarrollo y la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) dentro de la administración pública. La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, busca incorporar estas herramientas para mejorar la gestión estatal, pero bajo criterios de transparencia, control público y protección de los derechos de la ciudadanía.
La medida quedó establecida mediante un decreto que crea el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial. La normativa será obligatoria para todos los organismos de la administración central, los entes descentralizados y las entidades autárquicas, mientras que los municipios podrán adherir de manera voluntaria.
El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, será el organismo encargado de supervisar la aplicación del nuevo régimen. Entre sus funciones estará autorizar los proyectos vinculados con IA, definir estándares técnicos, elaborar protocolos de funcionamiento y evaluar los riesgos que puedan surgir de la implementación de estas tecnologías.
Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de un Registro Provincial de Inteligencia Artificial, donde cada organismo deberá informar qué sistemas utiliza, en qué etapa de desarrollo se encuentran y cualquier modificación que se produzca durante su funcionamiento. El objetivo es garantizar el seguimiento permanente de las herramientas tecnológicas que emplea el Estado.
La regulación establece que cualquier desarrollo, contratación o incorporación de soluciones de Inteligencia Artificial deberá contar con la aprobación previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso cuando los proyectos sean financiados con recursos provenientes de otros organismos o instituciones.
El marco también fija una serie de principios que deberán respetarse en cada implementación. Entre ellos se destacan la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en la toma de decisiones, la transparencia de los algoritmos, la seguridad de la información, el resguardo de los datos personales, la prevención de prácticas discriminatorias y la obligación de rendir cuentas sobre el funcionamiento de estos sistemas.
Además, la Provincia prevé la conformación de un Consejo Asesor integrado por especialistas, universidades y representantes de distintos sectores, que tendrá un rol consultivo para elaborar recomendaciones, analizar riesgos y promover buenas prácticas en el uso de la Inteligencia Artificial dentro del sector público.
La normativa también obliga a realizar evaluaciones de impacto antes y durante la utilización de estas herramientas. Esos análisis deberán contemplar posibles efectos sobre los derechos de las personas, la calidad de los servicios públicos, la aparición de sesgos en los algoritmos, las condiciones laborales de los trabajadores involucrados y el impacto ambiental que pueda generar la infraestructura tecnológica utilizada.
Con esta decisión, la administración de Axel Kicillof profundiza una agenda de modernización del Estado apoyada en el desarrollo científico y tecnológico, en contraste con el escenario nacional, donde la comunidad científica viene advirtiendo sobre el desfinanciamiento de organismos de investigación y la reducción de políticas públicas destinadas a fortalecer la innovación y la producción de conocimiento. El nuevo marco busca aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial sin perder de vista el rol del Estado como garante de derechos, la transparencia y el interés público.
