El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una audiencia clave contra el gobierno de Javier Milei, en el marco del reclamo por una deuda previsional que asciende a $2,2 billones.
Se trata de la segunda audiencia en una causa que enfrenta a la Provincia con la ANSES, luego de que el Ejecutivo nacional suspendiera las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
El eje del conflicto es el DNU 280/2024, firmado por Milei, que interrumpió esos envíos y abrió un frente judicial de alto impacto. Desde La Plata sostienen que la medida es inconstitucional y reclaman que se restituyan tanto los fondos como las actualizaciones correspondientes, en base a lo establecido por la ley 27.701.
En la primera audiencia, el organismo previsional argumentó que no contaba con la información necesaria para calcular la deuda, lo que derivó en un plazo de 30 días otorgado por la Corte para revisar la documentación. En paralelo, el Gobierno nacional reemplazó a la conducción del organismo, en medio de la disputa.
Ahora, la expectativa de la Provincia está puesta en que el máximo tribunal dicte una medida cautelar que obligue a reanudar al menos los giros mínimos, mientras se discute el fondo de la cuestión, un proceso que podría extenderse durante meses.
El reclamo previsional es sólo uno de los frentes abiertos. La gestión de Kicillof también avanzó judicialmente contra Nación por recortes en áreas sensibles como seguridad, transporte y financiamiento educativo, lo que profundiza la tensión entre ambas administraciones.
Según datos del Ministerio de Economía bonaerense, la deuda total que la Provincia le reclama al Gobierno nacional asciende a $15,6 billones. Si se suman otros impactos, como la paralización de obras y la caída de la recaudación, la pérdida de recursos desde la asunción de Milei se eleva a $22,2 billones.
En este contexto, la presencia de Kicillof en la Corte busca reforzar el peso político del reclamo en una disputa que combina lo judicial con lo fiscal y que expone el creciente conflicto entre la Nación y una de las principales provincias del país.
