La Argentina quedó al frente del ranking de morosidad bancaria de América Latina, con un 7,3% de su cartera de crédito en situación irregular. El dato duplica ampliamente el promedio regional, que se ubicó en 2,78%, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
El escenario expone una de las principales contradicciones del sistema financiero argentino: mientras la morosidad alcanza el nivel más alto de la región, el crédito continúa siendo uno de los más bajos. El financiamiento representa apenas el 14,3% del PBI argentino, frente a un promedio latinoamericano del 47,3%.
Es decir, Argentina tiene casi tres veces menos crédito en relación con su economía que el promedio regional y, al mismo tiempo, registra el mayor porcentaje de préstamos impagos.
La situación se produce en un contexto en el que la morosidad viene aumentando en buena parte de América Latina. La cartera vencida regional creció un 10% respecto de diciembre de 2025 y alcanzó en marzo de 2026 unos US$104.621 millones.
Sin embargo, la distancia con Argentina resulta significativa. Mientras el país registra una morosidad del 7,3%, Brasil llega al 4,3% y Colombia al 3,7%. En el otro extremo aparecen Uruguay, con 1,7%; El Salvador, con 1,4%; y República Dominicana, con apenas 1,1%.
Otro dato que preocupa es la capacidad de los bancos argentinos para absorber eventuales pérdidas. La cobertura de los créditos irregulares alcanza apenas el 84%, por debajo del 100% y entre los niveles más bajos de la región. En contraste, República Dominicana presenta una cobertura del 316%, Uruguay del 226% y Ecuador del 210%.
Los préstamos en situación irregular en Argentina suman alrededor de $14 billones. Cerca de las dos terceras partes se concentran en el sistema bancario tradicional, mientras que el resto corresponde a fintech y otros proveedores de crédito no bancario, entre ellos cooperativas y tarjetas vinculadas a cadenas comerciales.
El aumento de los impagos coincidió con la recuperación del crédito al sector privado durante los últimos dos años. La desaceleración de la inflación, una mayor estabilidad cambiaria y el cambio en las condiciones de financiamiento impulsaron nuevamente el acceso a préstamos, pero también dejaron expuesta la dificultad de muchas familias y empresas para sostener los pagos.
La situación abrió una discusión que ya llegó al terreno político. Mientras el Gobierno sostiene que las deudas de alrededor de 7 millones de argentinos constituyen un problema entre privados y descarta intervenir, sectores de la oposición y distintos analistas reclaman medidas del Banco Central para aliviar la situación de los deudores.
El dato de Felaban vuelve a poner en el centro de la discusión el costo del endeudamiento y la capacidad de los hogares argentinos para sostener sus obligaciones en un contexto de ingresos deteriorados.




