La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, que había derogado la Ley de Tierras Rurales y eliminado las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. La medida restablece temporalmente esos límites mientras la Justicia Federal de Bariloche analiza un nuevo pedido cautelar.
La decisión fue adoptada por mayoría, con la intervención de dos conjueces, y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y rechazó el dictado de una medida provisoria antes de que se expida el juzgado competente.
El fallo representa un nuevo giro en la controversia judicial por la derogación de la Ley 26.737. La semana pasada, el máximo tribunal había revocado una cautelar que mantenía suspendida esa derogación, en el marco de una demanda impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
Aquella resolución generó cuestionamientos y abrió un conflicto político por los alcances del DNU. Desde la oposición incluso amenazaron con impulsar el rechazo del decreto completo en el Congreso, en lugar de limitar la discusión al artículo referido a la propiedad de tierras rurales.
En esta oportunidad, la Corte intervino a partir de una presentación diferente, impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes sostienen que la derogación de la ley afecta la protección ambiental y los derechos territoriales de los pueblos originarios.
El máximo tribunal consideró que el planteo debía analizarse de manera diferenciada y ordenó suspender provisoriamente el artículo 154 hasta que la Justicia Federal de Bariloche examine si los demandantes tienen legitimación para impulsar la acción y resuelva sobre la medida cautelar solicitada.
La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del DNU de Milei ni sobre la validez de la derogación de la Ley de Tierras. Se trata de una suspensión temporal que mantiene vigentes las restricciones mientras continúa el proceso judicial.
En su voto en disidencia, Rosenkrantz sostuvo que no correspondía dictar una medida cautelar de estas características antes de que el juzgado competente analizara el caso. También advirtió que la referencia genérica a la protección ambiental no puede utilizarse como justificación automática para disponer medidas de este tipo.
El expediente volverá ahora a la Justicia Federal de Bariloche, que deberá evaluar la legitimación de los actores y determinar si corresponde mantener la suspensión mientras se resuelve la cuestión de fondo.





