El gobierno de Javier Milei volvió a poner en discusión la capacidad de las provincias para establecer condiciones sobre las actividades que se desarrollan en sus territorios. Esta vez fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó las leyes de “compre local” impulsadas por distintas jurisdicciones para garantizar la participación de empresas y proveedores radicados en las zonas donde se realizan grandes proyectos productivos.
El planteo estuvo dirigido especialmente a las actividades mineras y energéticas, dos de los sectores que la administración libertaria considera estratégicos para su esquema de generación de divisas y expansión de las exportaciones.
Las normas de “compre local” buscan que una parte de las inversiones y de las contrataciones derivadas de grandes emprendimientos quede en las provincias y municipios donde se explotan los recursos. Para ello, establecen preferencias, porcentajes mínimos de contratación o requisitos vinculados con la radicación de las empresas proveedoras.
Sin embargo, Sturzenegger cuestionó ese tipo de herramientas y sostuvo que pueden representar una limitación para el desarrollo de compañías de mayor escala.
“Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó.
Las declaraciones fueron realizadas durante la apertura del foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde el funcionario volvió a defender la agenda de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional.
La postura expone una diferencia de fondo sobre el destino de los beneficios generados por las actividades extractivas. Mientras las provincias buscan que la explotación de sus recursos genere empleo, proveedores y movimiento económico en los territorios donde se desarrollan los proyectos, el Gobierno nacional propone reducir las regulaciones que condicionan la contratación.
Para Sturzenegger, permitir que las empresas contraten proveedores de distintas jurisdicciones facilitaría el surgimiento de compañías con capacidad para operar a nivel nacional y alcanzar una mayor escala.
Sin embargo, el cuestionamiento también vuelve a abrir el debate sobre cuánto de la riqueza producida por la minería y la energía permanece efectivamente en las provincias productoras.
Las leyes de “compre local” surgieron precisamente como una herramienta para evitar que los grandes emprendimientos extractivos funcionen como enclaves desconectados de las economías regionales, concentrando inversiones y ganancias sin generar un impacto proporcional en las comunidades cercanas a los proyectos.
Durante su exposición, Sturzenegger no anunció medidas concretas para avanzar sobre las legislaciones provinciales ni planteó mecanismos para modificar esas normas. Su intervención quedó planteada, por ahora, como una crítica política y económica a las regulaciones que buscan proteger a los proveedores locales.
El ministro también volvió a defender la desregulación como uno de los pilares centrales del programa económico de Milei y vinculó esa agenda con la defensa de los derechos de propiedad y el mantenimiento del superávit fiscal.
En ese marco, sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de crecimiento impulsado por las exportaciones y proyectó una expansión del 2,7% para 2026 y del 3% para 2027.
Con la minería y la energía como sectores centrales de esa estrategia, el debate abierto por Sturzenegger vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: si los recursos naturales de las provincias deben generar beneficios directos en sus territorios o si la lógica de la desregulación y la apertura debe quedar por encima de las políticas locales destinadas a fortalecer sus propias economías.
