El industricidio avanza sin freno: más de 2.000 empresas bajaron sus persianas en la provincia de Buenos Aires durante 2025. Y si se toma el relevamiento desde diciembre de 2023, el número supera las 5.000 firmas desaparecidas. El desplome del poder adquisitivo, la caída del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y el aumento de los costos de producción son los motores de una crisis que el Gobierno nacional no solo no contiene, sino que profundiza.

Mientras promueve una reforma laboral bajo el argumento de que “hace décadas no se crean puestos de trabajo genuinos”, la administración de Javier Milei acumuló en sus primeros dos años una destrucción de empleo récord. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se redujo la cantidad de empleadores en 19.164 casos y se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados.

La provincia de Buenos Aires, epicentro industrial del país, aparece entre las más golpeadas. Datos oficiales a los que accedió Diagonales indican que entre diciembre de 2023 y la actualidad cerraron 5.208 empresas bonaerenses, casi el 28% del total nacional. La consecuencia fue inmediata: más de 40.000 puestos laborales destruidos, sin contar las suspensiones, recortes de personal y eliminación de turnos en múltiples sectores.

De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), solo en territorio bonaerense se perdieron 90.069 trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Los rubros más afectados: industria manufacturera, construcción, comercio, transporte, almacenamiento y servicios inmobiliarios.

Los Ministerios de Producción y Economía bonaerenses sumaron otro dato inquietante: en lo que va de 2025, 2.194 empresas cerraron completamente, dejando un saldo inmediato de 16.000 empleos perdidos.

El gobernador Axel Kicillof sintetizó el impacto del programa libertario: “La actividad económica cayó 5,7%, la industria 10%, la construcción 25% y el comercio 8%. No hay un solo sector que haya mejorado”, afirmó. Su ministro de Economía, Pablo López, reforzó el diagnóstico: “Cada mes se suman nuevas empresas a la lista de cierres”.

Casos que exponen el derrumbe productivo bonaerense

Hacer un listado completo de las más de 5.000 empresas cerradas en la PBA sería interminable. Pero algunos casos recientes muestran la crudeza de la crisis:

• ILVA (Pilar): la histórica cerámica cerró en agosto de 2025 y dejó a más de 300 trabajadores en la calle. Aún no pagó indemnizaciones y pretende abonar solo el 50%, argumentando un “proceso de crisis”.

• KTM – Grupo Simpa (Campana): en septiembre cerró su planta ensambladora de motos y despidió a 50 empleados sin aviso previo. “Nos echaron como perros”, denunció un operario.

• Tía Maruca (Chascomús): cerró su planta en septiembre y dejó 27 despidos, ofreciendo solo una compensación menor a la que correspondía por ley.

• Acerías Berisso (Berisso): los trabajadores se enteraron del cierre al llegar y encontrar las puertas cerradas. No cobraron sueldos ni indemnizaciones; la firma pidió la quiebra para evitar pagos.

• La Suipachense (Suipacha): tras 75 años de historia, la láctea quebró y dejó a 140 trabajadores sin empleo.

• Whirlpool (Pilar): inaugurada en 2020 para exportar y abastecer el mercado interno, anunció el cierre de su planta y la despedida de 220 empleados.

• Caromar (San Justo y Mar del Plata): cerró ambas plantas esta semana, dejando 78 trabajadores en la calle.

• Lumilagro (Tortuguitas): redujo su plantel de 200 a 70 empleados y anunció que importará el 50% de sus termos desde China para “sobrevivir”.

• Georgalos (Victoria): achicó personal y suspendió a 600 operarios, quienes cobrarán entre el 75% y el 80% de sus salarios.

La repetición de patrones y causas demuestra que no se trata de episodios aislados. El ajuste no lo paga la casta: lo pagan las pymes, las industrias nacionales y miles de familias que ven evaporarse su fuente de ingresos. Con un mercado interno en agonía y un modelo económico que premia la importación y castiga la producción, cada cierre confirma una realidad dolorosa: en la Argentina de Milei, ni siquiera tener un trabajo registrado garantiza escapar de la pobreza.