El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la polémica. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal en la que sostiene que el exfuncionario continúa utilizando custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales del Estado, a pesar de haber dejado su cargo en el Gobierno nacional.
La presentación judicial apunta no solo contra Adorni, sino también contra los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que habrían autorizado o permitido la continuidad de esos beneficios. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini.
En la denuncia, Pagano sostiene que, una vez concretada la salida de Adorni de la función pública, dejó de existir cualquier fundamento legal que justificara la utilización de recursos estatales destinados exclusivamente a funcionarios en ejercicio.
Según el escrito, el ex jefe de Gabinete habría seguido contando con custodia personal de efectivos de la Policía Federal y con vehículos oficiales para sus traslados, en una situación que, de acuerdo con la legisladora, se extendería por tiempo indefinido.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es que la continuidad de esa protección se justificaría en supuestas amenazas recibidas por Adorni. Sin embargo, Pagano afirma que esas intimidaciones no habrían sido denunciadas formalmente ante la Justicia y que tampoco existiría, hasta el momento, una resolución oficial del Ministerio de Seguridad que respalde la prórroga del operativo.
La presentación también cuestiona que la asignación de personal policial y de bienes públicos se estaría realizando sin un acto administrativo, sin una evaluación formal del nivel de riesgo y sin respaldo normativo, lo que, según la denunciante, implicaría un uso irregular de recursos del Estado.
No es la primera vez que el exfuncionario queda bajo sospecha por el uso de bienes públicos. Durante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito ya habían trascendido denuncias que señalaban que vehículos oficiales eran utilizados para realizar tareas particulares, como traslados vinculados a su entorno familiar y actividades ajenas a la función pública.
En esta nueva presentación judicial, Pagano solicitó que se investigue a Adorni por los presuntos delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La causa buscará determinar si existieron irregularidades en la utilización de recursos estatales una vez finalizada su gestión.
