La situación patrimonial de Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. A medida que avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito, crecen las cifras bajo análisis: entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete acumula movimientos por más de 725 mil dólares que ahora deberán ser justificados.
Uno de los últimos elementos incorporados al expediente surgió de la declaración de un contratista, quien afirmó haber cobrado 245 mil dólares por la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá. En paralelo, mientras se desarrollaban esas obras, la familia del funcionario alquiló otra propiedad en el mismo barrio privado, lo que implicó un desembolso adicional de 13 mil dólares.
El fiscal de la causa viene sumando estos gastos a una serie de operaciones previas, principalmente vinculadas al mercado inmobiliario. Allí aparecen pagos por la compra de propiedades, cancelaciones parciales de préstamos y honorarios notariales. En total, los desembolsos en este rubro alcanzan al menos 365 mil dólares.
Pero además del nivel de gastos, el expediente revela un volumen significativo de deudas. Entre ellas, se destaca un préstamo de 100 mil dólares otorgado por dos integrantes de la Policía Federal, del cual aún resta devolver una parte sustancial con intereses. También figura un financiamiento de 200 mil dólares recibido de dos jubiladas para adquirir un departamento en Caballito, sumado a otros compromisos pendientes por refacciones que todavía no fueron cancelados. En conjunto, las obligaciones acumuladas ascienden a unos 335 mil dólares.
La investigación también puso la lupa sobre los viajes realizados por Adorni y su esposa. Aunque no se estableció un total definitivo, ya se identificaron gastos por más de 25 mil dólares en pasajes y estadías, incluyendo vuelos privados, destinos internacionales y alojamientos en hoteles de alto nivel. En algunos casos, los pagos no habrían sido inmediatos o se habrían realizado desde cuentas cuya titularidad aún no está clara.
Otro punto clave es la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. El documento correspondiente a 2024 refleja montos considerablemente menores en comparación con los movimientos detectados por la Justicia, incluyendo ahorros en pesos, dólares en el exterior y efectivo. Sin embargo, no aparecen allí algunas de las propiedades adquiridas en ese mismo período, lo que suma interrogantes.
La revisión integral del patrimonio quedó en manos de un organismo técnico de la Procuración, que deberá analizar ingresos, gastos y evolución del nivel de vida del funcionario. La clave será determinar si existe una explicación consistente entre lo declarado y lo efectivamente gastado, o si las inconsistencias detectadas derivan en un agravamiento de su situación judicial.
