En medio de una seguidilla de episodios de amenazas en establecimientos educativos, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha un protocolo específico para actuar frente a situaciones de riesgo, incluyendo la presencia de estudiantes armados dentro de las escuelas.
La medida fue reforzada tras una reunión entre autoridades educativas y de seguridad con representantes gremiales, donde se analizaron los recientes casos y el impacto de nuevas formas de violencia vinculadas a entornos digitales. El encuentro estuvo encabezado por Flavia Terigi, titular de Cultura y Educación bonaerense, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.
Durante la jornada, los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense plantearon la necesidad de abordar el problema de manera integral, con políticas de salud mental, capacitaciones para equipos escolares y espacios de trabajo con familias y estudiantes. También propusieron la convocatoria a instancias interministeriales para coordinar respuestas.
Desde la Provincia confirmaron que avanzarán en la conformación de mesas intersectoriales y en una articulación más estrecha entre áreas del Estado para monitorear y actuar frente a situaciones conflictivas.
El protocolo establece que, ante la detección de mensajes que adviertan sobre posibles ataques o la presencia de armas, las escuelas deben actuar con rapidez, priorizando el resguardo de la comunidad educativa. En casos de amenazas, el procedimiento indica dar aviso inmediato a los equipos directivos, autoridades educativas y radicar la denuncia correspondiente para que intervenga la Justicia.
Además, se contempla una etapa inicial en la que se evita identificar a estudiantes involucrados, con el objetivo de resguardar sus derechos durante el proceso.
Para situaciones de mayor gravedad, como la presencia de un alumno armado, el protocolo fija pautas precisas: se debe asumir siempre que el arma está cargada, intentar contener la situación mediante el diálogo y dar aviso inmediato al 911. También se recomienda pedir al estudiante que deje el arma en una superficie segura y evitar que cualquier otra persona la manipule.
El documento establece que un adulto deberá resguardar el aula hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que serán las encargadas de retirar el arma. Luego, el estudiante quedará bajo custodia con intervención judicial y participación de la familia.
La decisión de la Provincia busca dar respuesta a una problemática en crecimiento, en un contexto donde el sistema educativo enfrenta nuevas formas de conflictividad que exceden lo escolar y requieren abordajes coordinados y sostenidos.
