El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este martes una nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia junto a representantes del gobierno de Javier Milei, en el marco del reclamo por los fondos que la Anses adeuda a la Provincia para sostener su sistema previsional. El monto en disputa asciende a $2,2 billones y forma parte de una deuda más amplia que, según denuncian desde La Plata, refleja el retiro del Estado nacional de obligaciones clave.
Se trató del segundo encuentro entre ambas partes ante el máximo tribunal, donde se acordó avanzar hacia una tercera audiencia el próximo 10 de junio. Allí, según confirmó el propio Kicillof, el Gobierno nacional deberá presentar una propuesta concreta con los montos a transferir.
“Estamos discutiendo la Caja de Jubilaciones que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que conservan sus cajas, a 10 ya les giraron fondos. Nosotros lo venimos reclamando hace tiempo y tuvimos que judicializarlo”, señaló el mandatario tras la audiencia.
El planteo bonaerense apunta a la falta de transferencias desde 2024 y a una deuda que se arrastra desde 2020. El reclamo se basa en el mecanismo establecido por ley, que contempla compensaciones a las provincias con sistemas previsionales propios, calculadas en función de lo que percibirían los jubilados si estuvieran bajo el régimen nacional. Mientras tanto, la administración libertaria argumenta que la auditoría necesaria para determinar esos montos aún no fue finalizada.
La demanda judicial fue presentada en abril de 2024 para exigir la restitución de las transferencias y sus actualizaciones, tal como lo establece la ley 27.701. A valores actuales, el monto acumulado alcanza los $2,2 billones.
Del encuentro participaron también el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; la presidenta del IPS, Marina Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Por el lado de Nación estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y funcionarios de Anses.
Más allá del caso previsional, desde la Provincia advierten que el conflicto con la Casa Rosada es más amplio. Existen al menos siete reclamos judiciales adicionales que, en conjunto, superan los $15 billones. Entre ellos figuran recortes en áreas sensibles como seguridad —a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal—, transporte —con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte del Interior— y educación —por la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente—.
“El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones. Para dimensionarlo, el presupuesto de la Provincia es de $44 billones: estamos hablando de casi un tercio”, advirtió Kicillof, dejando en evidencia el impacto del ajuste nacional sobre las finanzas bonaerenses.
