El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su esquema de privatizaciones al abrir las ofertas económicas para concesionar rutas y autopistas estratégicas, en un proceso que ya despierta cuestionamientos por el impacto en los costos y la falta de transparencia en las licitaciones.
La medida forma parte de la Etapa II – A de la Red Federal de Concesiones e involucra 1.871 kilómetros de corredores en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, incluyendo tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Según los datos oficiales publicados en el sistema Contrat.Ar, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco presentó la oferta de peaje más baja para el tramo principal de 1.325 kilómetros, con una tarifa de $997 más IVA. Ese paquete incluye recorridos desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.
Por su parte, para el tramo de 546 kilómetros de la ruta 5 —que une Luján con Santa Rosa— la propuesta más económica fue de $2.355,37 más IVA, presentada por la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste.
El avance de esta licitación dejó fuera a actores históricos del negocio vial, como los grupos Roggio, Panedile y el empresario Cristóbal López, y posiciona a nuevos jugadores como favoritos para quedarse con la explotación de corredores clave.
Sin embargo, el proceso no está exento de polémica. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, impugnó la licitación a través de Aubasa, aunque su presentación fue desestimada. Desde la administración bonaerense denunciaron irregularidades, entre ellas la presunta filtración anticipada de la oferta económica, y anticiparon que continuarán el reclamo en la Justicia.
Detrás de la discusión técnica, lo que se pone en juego es el modelo de gestión de la infraestructura vial. Actualmente, la red nacional cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales 10.000 ya estaban concesionados y otros 9.000 se encuentran en proceso de privatización. En paralelo, el Gobierno nacional habilitó a gobernadores aliados a implementar peajes en rutas bajo su órbita, trasladando costos a los usuarios en lugar de sostener la inversión pública.
En este contexto, la política de concesiones impulsada por la gestión de Javier Milei vuelve a generar tensiones con las provincias y abre interrogantes sobre el impacto que tendrán los nuevos peajes en la producción, el transporte y el bolsillo de los argentinos.
