En una medida que generó fuertes cuestionamientos, el gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y dejó sin funcionamiento la sala de prensa, limitando la cobertura de la actividad oficial.
La decisión fue comunicada durante la mañana a los cronistas que trabajan habitualmente en Balcarce 50 y, según indicaron desde el Ejecutivo, responde a una acción “preventiva” ante un presunto caso de espionaje ilegal dentro de la sede presidencial.
Desde el Gobierno explicaron que se desactivó de manera temporal el sistema de huellas dactilares que habilitaba el ingreso de los periodistas, en el marco de una investigación interna iniciada tras la difusión de imágenes grabadas en los pasillos del edificio durante un informe televisivo.
Como parte de ese proceso, las autoridades señalaron que el acceso no será restablecido hasta completar un nuevo reempadronamiento de medios y acreditaciones. Sin embargo, no se estableció un plazo concreto para la normalización.
La medida alcanza a todos los periodistas acreditados, incluso a quienes contaban con permisos vigentes para cubrir la actividad diaria del Presidente y sus funcionarios, lo que genera preocupación por el impacto en el acceso a la información pública.
El endurecimiento de las restricciones se produjo luego de una denuncia judicial impulsada por Casa Militar contra dos periodistas y directivos de un canal de noticias, a partir de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada. Según la presentación, las imágenes habrían vulnerado protocolos de seguridad y podrían implicar la obtención de información sensible.
El propio Milei respaldó la denuncia en sus redes sociales y volvió a cuestionar al periodismo, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios.
La decisión coincidió además con una reunión del Presidente con el empresario tecnológico Peter Thiel en la Casa Rosada, lo que amplificó la repercusión política de la medida.
En paralelo, cronistas parlamentarios y periodistas acreditados advirtieron que el cierre de la sala de prensa constituye un antecedente preocupante para la cobertura institucional y el funcionamiento del sistema democrático.
