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Universidades: Milei defiende un presupuesto que queda $3,7 billones por debajo del reclamo de los rectores

lopredoelvira by lopredoelvira
octubre 20, 2026
in Política
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Universidades: Milei defiende un presupuesto que queda $3,7 billones por debajo del reclamo de los rectores

El financiamiento de las universidades nacionales vuelve a poner al gobierno de Javier Milei frente a una pulseada en el Congreso. Este martes, funcionarios del Ministerio de Capital Humano deberán defender el presupuesto previsto para 2027, que contempla $7,3 billones para las casas de estudio, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La diferencia de $3,7 billones concentra uno de los principales focos de conflicto en el debate presupuestario. Mientras los rectores advierten sobre la necesidad de garantizar salarios, gastos de funcionamiento, becas y continuidad académica, el Poder Ejecutivo sostiene su política de equilibrio fiscal.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, recibirá desde las 10 al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Los funcionarios deberán explicar los criterios utilizados para distribuir los recursos y responder las consultas de los legisladores.

Un presupuesto por debajo de lo que reclaman las universidades

El CIN, que representa a las autoridades de las universidades públicas, estima que se necesitan $11 billones durante 2027 para sostener el funcionamiento de las instituciones, recomponer los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes y garantizar las actividades académicas y los programas de asistencia estudiantil.

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La propuesta del Gobierno contempla $7,3 billones, un monto aproximadamente 33,6% inferior al solicitado por los rectores. La discusión también incluye diferencias sobre el alcance de las partidas: algunas coberturas consignan transferencias por $7,7 billones, por lo que durante el debate deberá precisarse qué conceptos comprende cada cifra.

Además del volumen de recursos, el proyecto oficial incorpora obligaciones de información para las universidades y mecanismos de supervisión sobre el destino de las transferencias. Entre los puntos cuestionados aparece la posibilidad de suspender desembolsos ante determinados incumplimientos administrativos.

La oposición reclama que se cumpla la ley

Los bloques opositores anticiparon que insistirán con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y con la incorporación de las partidas necesarias para cumplir sus disposiciones.

El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto defendió el financiamiento universitario como una política de Estado, mientras que el socialista Esteban Paulón reclamó que se respete la legislación aprobada por el Congreso.

Por su parte, el diputado misionero Alberto Arrúa, de Argentina Federal, presentó un proyecto de resolución para solicitar que el Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto 2027 los recursos necesarios para financiar las universidades, actualizar las partidas y recomponer los salarios docentes y nodocentes. La iniciativa también contempla fondos para becas estudiantiles.

La conducción nacional de la Unión Cívica Radical expresó su respaldo al presupuesto elaborado por el CIN. Desde La Libertad Avanza, en tanto, la diputada Bárbara Andreussi defendió la gratuidad de la universidad pública, aunque reclamó controles sobre la administración de los recursos.

La disputa judicial sigue abierta

La discusión presupuestaria se superpone con el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025 y argumentó que la norma no identificaba los recursos necesarios para afrontar las erogaciones previstas.

Las universidades acudieron a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la ley, en particular de las disposiciones vinculadas con la recomposición salarial y la actualización de las becas. El juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar y posteriormente declaró inconstitucional la suspensión dispuesta por el Gobierno. La sentencia fue apelada y la controversia continúa bajo revisión judicial.

En ese expediente, el magistrado también dispuso multas diarias de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de obligaciones judiciales. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente esas sanciones, sin resolver de manera definitiva el conjunto de las obligaciones reclamadas.

Salarios y funcionamiento, en el centro del reclamo

Los indicadores presentados por el sector universitario reflejan el impacto de la pérdida de recursos. Según las cifras incluidas en el reclamo, el presupuesto de 2026 se ubica un 25,3% por debajo, en términos reales, del nivel de 2023, mientras que los salarios docentes acumulan una caída real del 24,2%.

Las estimaciones universitarias sostienen que sería necesaria una recomposición del 32% sobre los haberes de septiembre para cumplir con los criterios previstos en la legislación de financiamiento.

La cuestión salarial ocupa un lugar central porque representa una parte mayoritaria del gasto de las instituciones. A ella se suman las necesidades de infraestructura, becas y funcionamiento cotidiano, en un escenario en el que las universidades reclaman recursos suficientes para sostener sus actividades.

El calendario del Presupuesto 2027

El proyecto ingresó al Congreso el 15 de septiembre e incluye las previsiones económicas del Gobierno para el próximo año: un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 para diciembre de 2027.

El cronograma parlamentario prevé que la Comisión de Presupuesto y Hacienda avance con la firma del dictamen el 28 de octubre y que el proyecto pueda tratarse en el recinto el 18 de noviembre. Las fechas dependerán de los acuerdos entre los bloques.

El oficialismo deberá negociar los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa, que también comprende partidas para discapacidad, seguridad social y recursos provinciales. En ese escenario, el financiamiento universitario se perfila como uno de los puntos más controvertidos: los funcionarios defenderán la propuesta oficial mientras los rectores y la oposición presionan para que se incorporen fondos adicionales.

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