El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La medida fue oficializada a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei.
La normativa introduce un esquema de sanciones graduadas para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos, con penas que pueden incluir medidas socioeducativas, restricciones y, en casos graves, privación de la libertad. El nuevo régimen reemplaza el sistema vigente desde 1980 y fija un máximo de hasta 15 años de prisión para los delitos más graves cometidos por menores.
La ley había sido aprobada por el Senado el 27 de febrero durante las sesiones extraordinarias con 44 votos a favor y 27 en contra, luego de un intenso debate político. Para lograr los votos necesarios, el oficialismo modificó su propuesta original —que buscaba bajar la imputabilidad a 13 años— y aceptó fijar el límite en 14 tras negociaciones con bloques dialoguistas.
Con esa concesión, el Gobierno logró consolidar el respaldo de aliados parlamentarios como el PRO y la UCR, en una iniciativa que el oficialismo presentó como una política de “mano dura” frente al delito juvenil. Sin embargo, sectores opositores y organismos especializados advirtieron que la reforma pone el foco en el castigo antes que en políticas integrales para prevenir la violencia y la exclusión que afectan a miles de adolescentes.
