El plan de ajuste dentro del INTA sumó un nuevo avance con la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La decisión fue avalada por el Consejo Directivo del organismo y se enmarca en la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, que ya alcanzó cerca de la mitad de los recortes previstos.
La medida fue definida en la última reunión del órgano de conducción, integrado por representantes del sector agropecuario, universidades y el Estado. Allí se resolvió eliminar distintas Agencias de Extensión Rural (AER) pertenecientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba, en línea con el esquema de reorganización en marcha.
En Buenos Aires Norte, los cierres alcanzarán a las agencias de Vedia y Rojas. En la región Sur, el ajuste impactará sobre nueve sedes: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, dejarán de funcionar las dependencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha.
Con esta nueva tanda, ya son 24 las agencias eliminadas si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos el de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.
El recorte responde a la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, el documento que guía la reestructuración. El objetivo es reducir la red de agencias de extensión rural de 299 a 252 en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.
La estrategia, impulsada por la conducción del organismo, incluye además una fuerte reducción de la presencia territorial, la venta de activos y una reorganización interna. Entre los puntos más polémicos figura la posibilidad de desprenderse de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, junto con la unificación de centros regionales y el recorte de líneas de trabajo.
El avance del ajuste se da tras un 2025 atravesado por conflictos, en el que los intentos de reformar la estructura del INTA generaron resistencias tanto en el Congreso como en la Justicia. Sin embargo, recientes cambios en la composición del Consejo Directivo —impulsados por el Ejecutivo— permitieron destrabar decisiones que hasta ahora no contaban con consenso.
Aunque se mantuvo la cantidad de integrantes del órgano, varias posiciones fueron ocupadas por nuevos representantes, desplazando a perfiles críticos del plan oficial. Ese reordenamiento interno allanó el camino para profundizar un ajuste que sigue achicando la estructura del organismo en todo el país.
