La crisis en el PAMI sigue profundizándose y suma nuevos actores: transportistas que trasladan pacientes decidieron adherir a las protestas y denunciar que llevan meses sin cobrar, en un contexto de fuerte deterioro del sistema bajo el gobierno de Javier Milei.
El conflicto se da en paralelo al paro de 72 horas impulsado por médicos de cabecera, y expone una situación crítica que impacta directamente en los sectores más vulnerables. Según los prestadores, la falta de pagos volvió inviable la actividad.
Fernando Merlo, uno de los transportistas, describió el escenario con crudeza: aseguró que el PAMI no paga desde noviembre del año pasado y que la problemática también alcanza a otros sistemas como Incluir Salud e IOSFA, que acumulan varios meses de atraso.
La consecuencia inmediata es una reducción sostenida del servicio. Muchos prestadores ya abandonaron la actividad ante la imposibilidad de sostener los costos, lo que deja a pacientes —en su mayoría personas con discapacidad y adultos mayores— con dificultades crecientes para acceder a tratamientos, terapias y consultas médicas.
“Es un calvario lo que estamos pasando”, resumió Merlo, quien explicó que continúa trabajando por compromiso con los usuarios, aunque en condiciones cada vez más adversas.
El deterioro económico es uno de los puntos más críticos: según detalló, los seguros aumentaron un 300% en los últimos dos años, los repuestos también subieron en niveles similares y el combustible se incrementó hasta un 500%. En contrapartida, los ingresos cayeron drásticamente: de cobrar el 80% del valor del kilómetro pasaron a percibir apenas el 31%.
A pesar de la alta demanda —con entre tres y cinco pedidos diarios—, los transportistas aseguran que no pueden cubrir los servicios por falta de recursos. “Tenemos muchísimo trabajo, lo que no tenemos es la capacidad económica para tomarlo”, explicó.
El conflicto no solo afecta a los trabajadores del sector, sino que tiene un impacto directo en las familias que dependen del servicio. Los transportistas cumplen un rol clave en el acceso a la salud, siendo muchas veces el primer vínculo entre los pacientes y los centros de atención.
En este contexto, crecen las críticas al enfoque del Gobierno nacional, al que acusan de priorizar el ajuste fiscal por sobre la atención sanitaria. La profundización del conflicto en PAMI deja al descubierto un sistema cada vez más tensionado, con prestaciones en riesgo y miles de beneficiarios afectados en todo el país.
