El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean citados a declaración indagatoria el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, y otros beneficiarios de la vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia, en el marco de la causa conocida como “vacunatorio VIP”.
Ahora será la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a los acusados a declarar como imputados.
Taiano sostiene que las personas que recibieron las vacunas por fuera de los mecanismos establecidos para la población no fueron solamente beneficiarios pasivos, sino que tuvieron una participación activa en los hechos. Por ese motivo, les atribuye en principio el carácter de partícipes necesarios del delito de peculado, que contempla penas de entre dos y diez años de prisión.
Para el fiscal, la investigación reunió elementos suficientes para configurar el “estado de sospecha” requerido por el Código Procesal Penal. Según planteó, los beneficiarios contribuyeron de manera sustancial a que se concretaran las vacunaciones al aceptar y recibir dosis pese a saber que no formaban parte de los grupos habilitados.
Taiano también consideró que los involucrados no podían alegar desconocimiento de los criterios establecidos para la campaña de vacunación, ya que las condiciones de acceso habían sido difundidas públicamente y eran conocidas por la población.
Entre los principales nombres incluidos en el pedido aparecen Duhalde y su esposa, sus hijas María Eva y Juliana Duhalde, Verbitsky, el empresario Florencio Aldrey Iglesias, propietario del diario La Capital de Mar del Plata, familiares del empresario, Seza Manukian, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa Filomena Marta Burgos, y el publicista y dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto.
También fueron alcanzados por el pedido los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
Los tres episodios bajo investigación
La investigación judicial identificó tres hechos principales relacionados con la aplicación irregular de vacunas.
El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis que habían sido asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas en un vacunatorio improvisado ubicado en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García.
Entre quienes recibieron esas dosis estuvieron Verbitsky, Manukian, Aldrey y tres familiares, además de Taiana y Valdés, entre otros. Nueve de los vacunados fueron registrados en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que, de acuerdo con la investigación, no les correspondía.
El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021. Ese día, cinco dosis fueron trasladadas hasta la vivienda de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa vacunó al expresidente, a “Chiche” Duhalde, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.
Taiano sostuvo que la vacunación domiciliaria estaba destinada a personas que no podían trasladarse y remarcó que no existe constancia de que Duhalde tuviera un impedimento físico. Además, señaló que la normativa especial para expresidentes no contemplaba un beneficio de ese tipo.
El tercer episodio comprende la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021. Según la investigación, las vacunas fueron destinadas a 23 personas seleccionadas por razones personales, familiares o de afinidad política.
Entre ellas estuvieron Michi, Collazo, Alsua, el dirigente peronista Lorenzo Pepe, Marcelo Jorge Duhalde, Curto y su esposa y Devoto. Casi todos fueron registrados de manera irregular como personal de salud, mientras trabajadores del propio hospital todavía no habían completado su esquema de vacunación.
La causa comenzó el 22 de febrero de 2021, después de que Verbitsky revelara públicamente que había recibido una vacuna tras comunicarse con González García. El escándalo derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.
En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de los vacunados al considerar que no había delito. Sin embargo, en julio de 2024 procesó a González García por abuso de autoridad y peculado.
Meses después, en octubre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exministro, de su exsecretario Marcelo Ariel Guille, del exsubsecretario Alejandro Salvador Costa y del exdirector del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.
Además, la Cámara ordenó avanzar con la investigación sobre quienes recibieron las vacunas, con el objetivo de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes, según la resolución, hayan obtenido beneficios ilegales.
