La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares y la convirtió en ley, tras una votación que terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei consiguió un respaldo clave en el Congreso para una de sus iniciativas más controvertidas.
El oficialismo de La Libertad Avanza logró el quórum sin mayores dificultades y reunió una mayoría amplia con el apoyo de bloques aliados y legisladores de provincias mineras. Acompañaron el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y espacios provinciales como Producción y Trabajo (San Juan) y Elijo Catamarca.
También se sumaron votos individuales de distintos espacios, e incluso el oficialismo consiguió apoyo desde la oposición: los diputados sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica, de Unión por la Patria, votaron a favor.
Las abstenciones fueron de Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad). En contra se expresó la mayor parte de Unión por la Patria, legisladores de distintos bloques provinciales, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros referentes opositores.
La reforma modifica el esquema de protección vigente desde 2010 sobre los ambientes glaciares y periglaciares. Mientras la ley original establecía una cobertura amplia por considerarlos reservas estratégicas de agua, la nueva normativa introduce un criterio más restrictivo: la protección quedará sujeta a estudios técnicos que determinen qué zonas cumplen efectivamente una función hídrica.
Esto abre la puerta a que áreas actualmente protegidas puedan ser excluidas del inventario del IANIGLA y habilitadas para actividades productivas, especialmente proyectos mineros que hasta ahora estaban prohibidos.
El oficialismo defendió la iniciativa al sostener que no pone en riesgo los glaciares clave para el suministro de agua y que permitirá avanzar con inversiones estimadas en unos 20.000 millones de dólares.
Desde la oposición, en cambio, denunciaron que la reforma responde a intereses mineros, que implica un retroceso en materia ambiental y que podría ser judicializada por inconstitucional. También advirtieron sobre posibles impactos en la provisión de agua.
Con esta votación, el Congreso selló un cambio de fondo en una de las leyes ambientales más sensibles, en medio de un debate que expuso fuertes tensiones entre desarrollo económico y protección de los recursos naturales.
