El gobierno de Javier Milei se prepara para concretar un fuerte recorte en la Secretaría de Trabajo de la Nación, con el cierre de agencias territoriales en todo el país y el despido de alrededor de 1.600 trabajadores. La medida, que se implementaría en las próximas horas, profundiza el ajuste sobre el Estado y genera alarma en el ámbito laboral.
La Secretaría, dependiente del Ministerio de Capital Humano, cumple un rol clave en la asistencia a trabajadores, empleadores, cooperativas y sindicatos a través de sus delegaciones en las provincias. Estas oficinas garantizan presencia federal para la realización de trámites, asesoramiento y resolución de conflictos laborales.
Sin embargo, el plan oficial apunta a reducir drásticamente esa estructura. El cierre masivo de sedes en el interior implicaría un recorte directo en la capacidad del Estado para intervenir en cuestiones laborales en todo el territorio.
El impacto en el empleo estatal sería inmediato: cerca de 1.600 trabajadores quedarían desvinculados en un contexto ya marcado por la incertidumbre en distintos organismos públicos.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado habían anticipado el escenario. El gremio, conducido por Rodolfo Aguiar, se declaró en “alerta máxima” ante los rumores de despidos masivos y denunció un proceso de vaciamiento dentro del área.
Las críticas también apuntan al titular del organismo, Julio Cordero, a quien acusan de impulsar un desmantelamiento estructural de la Secretaría.
Con este nuevo avance, el Gobierno profundiza su política de ajuste sobre el Estado, con consecuencias directas no solo para los trabajadores despedidos, sino también para el funcionamiento de un área clave en la regulación del empleo y la protección de derechos laborales en todo el país.
