La Ley de Etiquetado Frontal volvió al centro de la discusión luego de que el Gobierno nacional manifestara su intención de derogarla como parte del proceso de revisión de normas que considera excesivamente regulatorias. Para la gestión de Javier Milei, la legislación impone costos innecesarios a la industria y restringe la libertad de elección de los consumidores.
La norma, que comenzó a regir en 2022, obliga a incorporar sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas con altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. Además, limita la publicidad dirigida al público infantil y establece restricciones para la venta de estos productos en establecimientos educativos.
Según el Gobierno, esas exigencias incrementan los costos de producción y afectan la competitividad de las empresas, en especial de las pymes, que debieron adaptar envases y procesos para cumplir con la legislación vigente.
La administración nacional sostiene además que el rol del Estado debe centrarse en garantizar el acceso a la información y no en establecer mecanismos que puedan orientar las decisiones de consumo. Bajo esa premisa, busca avanzar hacia un esquema con menos regulaciones y mayor responsabilidad individual.
La propuesta despertó el rechazo de sociedades científicas, nutricionistas y organizaciones de defensa de los consumidores. Desde esos sectores consideran que el etiquetado frontal constituye una herramienta fundamental para prevenir enfermedades vinculadas a la alimentación, ya que permite identificar rápidamente los productos con exceso de nutrientes críticos y favorece hábitos de consumo más saludables.
También remarcan que la normativa impulsó cambios en la industria alimenticia mediante la reformulación de numerosos productos para reducir componentes considerados perjudiciales para la salud.
Como la Ley de Etiquetado Frontal fue sancionada por el Congreso, cualquier intento de derogarla deberá ser debatido en el Poder Legislativo. Ese escenario anticipa una nueva disputa política entre el oficialismo y la oposición, con organizaciones sociales, especialistas en salud y empresas alimenticias siguiendo de cerca una discusión que promete extenderse en los próximos meses.
