El gobierno de Axel Kicillof comenzó a evaluar una reforma política de alcance amplio en la provincia de Buenos Aires que podría modificar el sistema electoral vigente y reabrir debates que llevan años latentes. Entre los temas en discusión aparecen el futuro de las PASO, la posible adopción de la boleta única y, especialmente, la ley que limita las reelecciones de intendentes.
El encargado de confirmar que el Ejecutivo analiza cambios fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien señaló que existe la intención de avanzar en una reforma estructural y no solo en modificaciones puntuales ligadas a un proceso electoral.
Según explicó el funcionario, el objetivo es revisar el esquema actual luego de un ciclo electoral atípico. En 2025 la provincia votó por primera vez con elecciones desdobladas respecto de las nacionales y, además, con la implementación de la boleta única de papel en los comicios nacionales. A eso se sumó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Ese contexto, sostienen en el Ejecutivo bonaerense, dejó al descubierto limitaciones del sistema actual. Bianco recordó que el desdoblamiento electoral obligó a utilizar una normativa provincial que data de 1946, con plazos que resultaron ajustados para organizar el proceso.
“Seguramente tendremos que trabajar en los temas electorales. De hecho lo hemos estado conversando con la Junta Electoral”, señaló el ministro, quien planteó que la idea es avanzar hacia una reforma permanente del sistema.
Dentro de la agenda aparecen varios puntos sensibles: la eventual incorporación de la boleta única de papel para los cargos provinciales, la continuidad o eliminación de las PASO, la coordinación entre elecciones nacionales y provinciales y la actualización de los plazos del calendario electoral.
Sobre la boleta única, el Gobierno bonaerense mantiene por ahora una postura cautelosa. Bianco defendió el sistema tradicional que utiliza la provincia, aunque dejó abierta la puerta a discutir cambios si forman parte de acuerdos más amplios dentro de la Legislatura.
Sin embargo, el tema que genera mayor tensión es la ley que limita las reelecciones consecutivas de intendentes y legisladores. La norma 14.836, aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con impulso del Frente Renovador, estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para los cargos ejecutivos municipales.
Si la legislación se mantiene sin cambios, 82 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán volver a competir en 2027. La restricción atraviesa a todos los espacios políticos, aunque impacta especialmente en el peronismo, que gobierna la mayoría de los municipios de la provincia.
Entre los jefes comunales alcanzados por el límite aparecen dirigentes con fuerte peso territorial como Ariel Sujarchuk, Mario Ishii, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza, Mario Secco, Mariel Fernández, Lucas Ghi y Jorge Ferraresi, entre otros.
El tema volvió a instalarse en el debate interno del peronismo bonaerense, especialmente entre intendentes cercanos al gobernador y vinculados al Movimiento Derecho al Futuro. Algunos jefes comunales plantean que la normativa actual debilita la competitividad electoral del oficialismo en el territorio.
Ferraresi sintetizó esa preocupación en una frase que circuló en el debate político: “Hay que asegurar las 70 intendencias peronistas”. En la misma línea, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, sostuvo que la decisión debería quedar en manos del electorado.
Por ahora, el Gobierno provincial evita enviar un proyecto específico para modificar esa ley. La estrategia sería incluir el tema dentro de una reforma política más amplia, lo que permitiría diluir el costo político de una discusión que genera resistencias dentro y fuera del oficialismo.
El escenario legislativo, además, obliga a negociar. En el Senado bonaerense el peronismo mantiene el control del quórum, pero atraviesa tensiones internas. En la Cámara de Diputados, en cambio, la fragmentación obliga a construir acuerdos con sectores aliados y con la oposición.
El Frente Renovador, uno de los impulsores de la ley que limitó las reelecciones, mantiene su rechazo a modificarla, aunque en ese espacio deslizan que no bloquearían el debate si existe una mayoría legislativa. En paralelo, algunos bloques opositores plantean condicionar cualquier cambio en las reelecciones a la adopción de la boleta única en la provincia.
Detrás de la discusión institucional asoma un trasfondo claramente electoral. La provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% del padrón nacional, y el control territorial de los municipios sigue siendo una pieza central en cualquier estrategia política.
Por eso, la eventual reforma electoral también se conecta con otro interrogante que sobrevuela el escenario político: si Kicillof volverá a desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Una decisión que podría redefinir el tablero político del distrito más grande del país de cara a 2027.
