El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza al presidente Javier Milei tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos por la estatización de YPF y advirtió que “darle la razón a quienes querían quedarse con la compañía es riesgoso”.
Durante una conferencia de prensa en La Plata, el mandatario calificó la resolución judicial como “sorpresiva” y pidió cautela frente a un litigio que, según remarcó, todavía no está cerrado. En ese marco, llamó al Presidente a actuar con prudencia y evitó convalidar interpretaciones que puedan perjudicar la posición argentina.
Kicillof defendió la decisión de recuperar YPF en 2012, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que la privatización había generado un fuerte deterioro en el sector energético. Según explicó, el país perdía alrededor de 12 mil millones de dólares anuales y enfrentaba serios problemas macroeconómicos como consecuencia de la caída en la producción.
“Privatizar cualquier cosa a cualquier precio tiene resultados tremendos”, afirmó, y advirtió que detrás de estas posiciones “siempre hay sectores que están del lado de los buitres”, lo que consideró un riesgo para el interés nacional.
El gobernador repasó el contexto previo a la expropiación y apuntó contra la gestión de Repsol, a la que acusó de haber utilizado YPF para expandirse en el exterior mientras reducía la exploración en Argentina. “Era imprescindible revertir esa situación”, sostuvo.
En esa línea, destacó que tras la recuperación de la empresa se registró una mejora en la producción de petróleo y gas, junto con un incremento en la inversión. También vinculó ese proceso al desarrollo de Vaca Muerta y a acuerdos con compañías internacionales como Chevron y Petronas.
Kicillof remarcó que la estatización no implicó la expulsión del capital privado, sino la toma de control del 51% de las acciones, lo que permitió mantener a la empresa cotizando en mercados y con participación de accionistas privados.
También repasó el origen del conflicto judicial actual, vinculado a la quiebra del grupo Eskenazi y la posterior intervención del fondo Burford, que adquirió los derechos a litigar. Según explicó, el eje de la disputa radica en la aplicación del estatuto de la empresa frente a la legislación argentina.
Por último, el gobernador cuestionó las políticas de privatización que impulsa el Gobierno nacional y advirtió sobre sus posibles consecuencias. “YPF tiene que ser una herramienta para proteger el bolsillo de la gente”, afirmó, en un contexto donde el precio de los combustibles continúa en alza.
