Durante la apertura de sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei afirmó que uno de los desafíos centrales de su gobierno es mejorar la calidad del sistema educativo. “Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo; las estadísticas son apabullantes”, sostuvo el mandatario, al plantear que la escuela debe volver a su “propósito original” de brindar herramientas para el futuro y no “adoctrinar”.
Sin embargo, los datos presupuestarios muestran un escenario muy distinto. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales, el 2025 cerró con fuertes recortes y altos niveles de subejecución en distintas áreas educativas, especialmente en programas vinculados a la formación docente y al acompañamiento educativo.
Entre los programas más afectados aparecen el Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), ambos con una caída del 100% en su ejecución. También registraron fuertes recortes el programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-90%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%) y las Acciones de Formación Docente (-75%). Durante 2026, el ajuste en esta última área continúa y ya supera el 44%.
Desde CEPA advirtieron que la Administración Pública Nacional atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público que afecta la continuidad de políticas sociales, sanitarias y educativas. Según señalaron, mientras se recortan programas clave para el desarrollo social, se mantiene un peso elevado de los servicios de la deuda pública y se incrementan partidas en áreas como inteligencia.
El informe también muestra un retroceso significativo en la ejecución presupuestaria de distintas áreas del Estado. Uno de los casos más marcados es el del Ministerio de Capital Humano, donde la Secretaría de Educación registra una caída del 48%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia muestra una reducción aún mayor, del 73%.
La tendencia de recortes también alcanza al sistema científico. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación, dependiente de la Agencia I+D+i, registra una caída del 76,4%, mientras que organismos como la CONAE (-24%) y el CONICET (-21,1%) también evidencian reducciones relevantes en su financiamiento. A esto se suman descensos en el Servicio Meteorológico Nacional (-41,2%), la Fundación Miguel Lillo (-27,9%) y la CONEAU (-2,9%).
En términos presupuestarios, el panorama para la educación nacional también muestra una fuerte retracción. El presupuesto 2026 aprobado por el Congreso prevé que el Gobierno destine alrededor del 0,75% del PBI al área educativa. La cifra se ubica muy lejos del 6% del PBI que establecía la Ley de Financiamiento Educativo sancionada hace dos décadas y representa incluso un nivel inferior al 0,8% registrado el año anterior. Además, equivale a casi un tercio de lo que se invertía en 2015.
En términos reales, la Secretaría de Educación afrontará su gestión con aproximadamente un 50% menos de recursos que en 2023. Las áreas más afectadas incluyen universidades, escuelas técnicas, infraestructura escolar, equipamiento y formación docente.
Si bien el presupuesto 2026 muestra un incremento nominal del 17,9% para la Secretaría de Educación, especialistas advierten que ese aumento podría quedar licuado si la inflación supera ese nivel, lo que implicaría una nueva caída en términos reales.
El nuevo esquema presupuestario también refleja cambios en las prioridades. Mientras se reducen partidas destinadas a capacitación docente y materiales educativos, se incrementan los recursos para la extensión del horario escolar, una política que el Gobierno presenta como una forma de mejorar la eficiencia del gasto. Sin embargo, distintos especialistas advierten que la reducción de programas de acompañamiento pedagógico puede afectar la calidad educativa.
Los gremios docentes también encendieron alarmas. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lanzó un plan de lucha en rechazo a lo que considera una política de ajuste sobre la educación pública. Según el sindicato, desde el inicio de la gestión de Milei el presupuesto educativo cayó un 50% en términos reales.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que transfería recursos a las provincias para compensar desigualdades salariales, también impactó de manera directa en los ingresos de los docentes. Según distintos informes, los salarios del sector se ubican hoy en niveles históricos bajos, incluso por debajo de los registrados antes de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo hace dos décadas.
El ajuste también se refleja en la discontinuación de programas como Conectar Igualdad, la reducción de más de un millón de Becas Progresar, el congelamiento de su valor y demoras en la distribución de libros escolares. A esto se suma la caída en la inversión en escuelas técnicas y el fuerte recorte que enfrentan las universidades, que perdieron cerca del 29% de su presupuesto en los últimos dos años.
Un informe del Instituto Marina Vilte, dependiente de CTERA, sostiene que la función Educación y Cultura registró una caída real del 47,7% entre 2023 y 2025, un recorte muy superior al promedio del ajuste aplicado sobre el conjunto del Estado.
Según ese estudio, los programas de Educación Obligatoria sufrieron una reducción del 76,5% en términos reales, mientras que la inversión en infraestructura educativa cayó un 58,5%. Esto se traduce en menos recursos para comedores escolares, becas, conectividad, formación docente y mantenimiento de edificios escolares.
El informe también advierte que durante 2025 quedaron sin ejecutar más de 135 mil millones de pesos del presupuesto educativo, lo que, según los investigadores, evidencia una política deliberada de desfinanciamiento del sistema educativo público.
Entre 2023 y 2025, los programas educativos nacionales —sin incluir a las universidades— registraron una caída real del 75,1%, afectando políticas de inclusión, alfabetización, infraestructura y acompañamiento de las trayectorias escolares.
Desde CTERA sostienen que el ajuste no responde a un error técnico ni a una situación transitoria, sino a una decisión política que ubica a la educación como una de las principales variables de recorte del modelo económico actual. Según advierten, esta política profundiza las desigualdades sociales y compromete el acceso a una educación de calidad para millones de estudiantes en todo el país.
