Luis Caputo volvió a protagonizar una nueva embestida contra el sistema financiero. Esta vez, el blanco fueron los bancos que aún solicitan a sus clientes documentación vinculada a impuestos nacionales. En un mensaje en redes sociales, el ministro de Economía advirtió que si las entidades “insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una vez”.

El planteo de Caputo surge tras el comentario de un usuario que denunció que los bancos continúan pidiendo información fiscal, a pesar de una resolución del gobierno nacional que prohíbe este tipo de requerimientos. En lugar de aportar claridad sobre la norma, el ministro optó por atacar a las entidades que, en un intento por cumplir con estándares de prevención y regulación, siguen exigiendo cierta documentación tributaria.

El trasfondo es una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), impulsada por el propio gobierno, que prohíbe que bancos, aseguradoras, escribanos e inmobiliarias exijan declaraciones juradas de impuestos como condición para operar. La medida, en los hechos, desarma herramientas básicas de control fiscal y pone en cuestión el cumplimiento de normas antilavado.

El contador Alejandro Rosenfeld compartió un formulario que muchas entidades ofrecen a los clientes para que firmen de forma “voluntaria” el consentimiento de presentar sus datos fiscales. Es una forma de adaptarse a la nueva reglamentación sin quedar expuestos a riesgos legales ni permitir operaciones sospechosas sin supervisión. Sin embargo, para Caputo, ese intento de cumplir con los controles es una afrenta.

Lejos de promover la transparencia o defender el interés público, el ministro parece decidido a reducir al mínimo los controles sobre el origen del dinero, bajo la excusa de simplificar trámites. Su postura resulta funcional a sectores que buscan operar en las sombras, sin dejar rastros de su situación fiscal ni de la procedencia de sus fondos.

Con tono amenazante y sin diálogo institucional, Caputo remarcó que el Gobierno “va a hablar con los bancos” y dejó en claro que podrían aplicarse sanciones. En lugar de garantizar reglas claras y previsibilidad, el ministro agita el escenario financiero con medidas improvisadas y presiones directas, que favorecen más la opacidad que el desarrollo económico.