En un nuevo gesto de blindaje institucional, el presidente Javier Milei cerró por decreto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada apenas tres meses atrás para investigar el escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por él mismo desde sus redes sociales.

El Decreto 332/2025, firmado también por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Según el texto, la UTI “cumplió con la tarea encomendada” y toda la información habría sido remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no se publicó ningún informe, resultado o documento oficial que dé cuenta de lo investigado. Todo permanece en la oscuridad.

La cripto que se promocionó desde la Casa Rosada

El caso estalló el 14 de febrero cuando, desde sus redes personales, el propio presidente Milei promovió el memecoin $LIBRA, generando una ola de inversiones individuales por parte de ciudadanos que confiaron en su palabra. Días después, el proyecto colapsó, los desarrolladores se retiraron y la moneda perdió todo su valor. Fue un típico caso de rug pull, una estafa cripto donde los creadores abandonan el proyecto tras hacerse con los fondos de los inversores.

La difusión de $LIBRA desde la figura presidencial resultó determinante: sin ese respaldo, el proyecto jamás habría tenido la masividad que alcanzó.

En EE.UU. avanza una demanda colectiva

Mientras el Gobierno argentino intenta dar por cerrado el caso sin rendir cuentas, en Estados Unidos avanza una demanda colectiva contra Milei, acusándolo de promoción engañosa y negligencia. Los denunciantes aseguran que sin su participación, la estafa no habría sido posible.

A pesar de que la causa penal en Argentina sigue en manos del Ministerio Público Fiscal, no hay novedades sobre funcionarios implicados, vínculos con los creadores de la criptomoneda ni acceso a los hallazgos de la UTI. Todo indica que el cierre exprés de la unidad busca dejar atrás un tema que compromete directamente al Presidente.

Un gobierno que desmantela la transparencia

El episodio se suma a una larga lista de retrocesos institucionales del gobierno de Javier Milei, que ha hecho de la opacidad una marca de gestión. Lejos de investigar a fondo y proteger a los ciudadanos estafados, la administración libertaria disolvió la única herramienta oficial creada para esclarecer el caso.

Mientras tanto, no hay justicia para las víctimas ni sanciones para los responsables. En la Argentina de Milei, cuando el poder está en el centro del escándalo, la solución es borrar la evidencia y seguir como si nada.