En medio de la disputa judicial por el juicio millonario por la expropiación de YPF, el Gobierno de Estados Unidos decidió respaldar a la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en un intento por evitar la transferencia inmediata de acciones a los fondos litigantes Burford y Eton Park.

El apoyo fue confirmado por el Departamento de Justicia estadounidense, que se presentará como amicus curiae (amigo del tribunal) para reforzar la apelación argentina contra el fallo de la jueza Loretta Preska, quien a fines de junio ordenó la entrega de acciones como forma de pago de la sentencia de US$16.000 millones.

La resolución judicial original se encuentra suspendida de manera temporal, a la espera de lo que resuelva el tribunal superior tras el recurso presentado por el Estado argentino. En ese contexto, el apoyo de Washington busca desacreditar la orden de Preska, alineándose con lo que ya había sostenido el Gobierno de Joe Biden en 2024.

En ese entonces, el Departamento de Justicia ya había advertido que el intento de los demandantes de cobrar con acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”. Sin embargo, la magistrada hizo caso omiso a ese argumento y falló contra la Argentina.

Ahora, con un cambio de escenario judicial, las expectativas están puestas en que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta la posición estadounidense. El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, consideró que “hay un 70% de chances de que la Corte le otorgue a Argentina la suspensión del fallo mientras se sustancia la apelación”, aunque aclaró que todavía no se conocen los argumentos formales ni del país ni del gobierno norteamericano.

“La Corte puede ignorar el apoyo de Estados Unidos, como ya lo hizo Preska, pero no deja de ser relevante que un país independiente y con peso como EE.UU. se involucre”, señaló Maril en diálogo con el portal Perfil.

Según el cronograma judicial, el 17 de julio los fondos Burford deberán presentar su oposición al pedido argentino de extender la suspensión. En tanto, el 22 de julio, el Estado argentino deberá presentar sus argumentos para sostenerla mientras se resuelve la apelación de fondo.

Mientras tanto, el destino de las acciones de la petrolera y el impacto económico del fallo siguen generando tensión política y financiera.