El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva medida que profundiza el desmantelamiento de los organismos de control: a partir de ahora, cualquier persona podrá importar alimentos para consumo personal sin necesidad de intervención alguna por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el organismo encargado de velar por la salud pública.

La resolución 3280/2025, firmada por la titular de ANMAT, Nélida Bisio, fue publicada en el Boletín Oficial como parte del plan de desregulación del Estado que ejecuta el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Bajo la excusa de “agilizar procesos” y “dar más libertad a los usuarios”, el Gobierno avanza peligrosamente hacia un esquema en el que el control sanitario parece ser un lujo prescindible.

Importar comida como quien compra una remera

El nuevo régimen permite el ingreso al país, mediante servicios de courier, de hasta tres unidades del mismo producto alimenticio por envío, con un peso máximo de 50 kilos y un tope de 3.000 dólares por operación. Cada persona podrá recibir hasta cinco envíos por año sin ningún tipo de control sanitario previo.

Es decir: ya no hará falta presentar certificados médicos, autorizaciones especiales ni documentación sobre la composición de los alimentos. La lógica es la misma que se aplica para comprar ropa o electrónica desde el exterior. El Estado, una vez más, se corre del medio, incluso en temas tan delicados como la seguridad alimentaria.

¿Quién controla lo que comemos?

Desde el oficialismo intentan suavizar el impacto al asegurar que “no está permitido el uso comercial” de estos productos y que “igual deben cumplir el Código Alimentario Argentino”. Sin embargo, en la práctica, nadie podrá garantizar que los alimentos importados cumplan con las normas locales, dado que la ANMAT ya no interviene.

En este contexto, cualquier sustancia prohibida o peligrosa para la salud podría ingresar legalmente al país, amparada en un sistema que prioriza la “libertad de mercado” por sobre la protección sanitaria. Todo queda librado a la buena fe del consumidor, en un país donde los controles están siendo sistemáticamente desmantelados.

El abandono de los pacientes vulnerables

Uno de los grupos más afectados por esta medida, paradójicamente, son quienes dependen de alimentos especiales para tratar condiciones médicas complejas. Estos productos, que hasta ahora requerían una autorización formal de la ANMAT, podrán ahora ser importados sin ningún tipo de verificación.

Aunque el Gobierno intenta presentar esto como un avance en el “acceso a la salud personalizada”, la eliminación de los controles plantea enormes riesgos para pacientes con necesidades nutricionales específicas, que podrían recibir productos inadecuados, vencidos o contaminados.

Una nueva pieza en el rompecabezas del desguace estatal

Esta disposición se suma a la larga lista de desregulaciones impulsadas por el Gobierno desde diciembre de 2023. Bajo la bandera de la libertad y el achicamiento del Estado, Milei continúa erosionando la capacidad del Estado para cuidar a la población, incluso en aspectos tan fundamentales como la salud y la seguridad alimentaria.

El modelo que se impone no es el de un Estado más ágil, sino el de un Estado ausente. Y cada nueva medida confirma que para este gobierno, los derechos básicos —como el acceso seguro a los alimentos— son solo una traba más en su cruzada ideológica por eliminar toda forma de regulación.