La Justicia le puso un freno al Gobierno de Javier Milei en su intento de desmantelar Vialidad Nacional. La jueza federal Martina Isabel Forns ordenó suspender por seis meses los efectos del decreto que disuelve el organismo, al hacer lugar a un amparo del gremio Sevina, que representa a sus trabajadores. El Ejecutivo, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció que apelará la medida, aunque el daño ya está hecho.

El fallo judicial prohíbe reubicar, despedir o modificar las condiciones laborales del personal del organismo vial durante medio año. La magistrada argumentó que el decreto viola derechos laborales y sindicales básicos, y advirtió sobre el riesgo de despidos masivos y “perjuicios irreparables” para trabajadores que calificó como “socialmente vulnerables”.

El conflicto no es abstracto: en la Provincia de Buenos Aires ya se sienten las consecuencias del vaciamiento. La paralización de obras y el deterioro de rutas nacionales como la Ruta 3, la 5, la 7, la 226 o la 33 afectan directamente la seguridad vial, el transporte de producción y la vida cotidiana de miles de bonaerenses.

Desde que se publicó el decreto, el Gobierno también reformó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y eliminó la Agencia de Seguridad Vial, bajo el argumento de que eran parte de “la corrupción en la obra pública”. Las funciones fueron trasladadas al Ministerio de Economía y a una nueva agencia que centraliza el control de concesiones.

Sin embargo, intendentes y gobernadores ya alertan por el abandono del Estado. Desde el interior bonaerense, varios jefes comunales señalan que no hay fondos para mantenimiento, obras ni seguridad vial. La ruta 3, por ejemplo, que atraviesa gran parte del sudoeste provincial, se encuentra en estado crítico. Lo mismo ocurre en zonas clave de la 226, que une ciudades como Olavarría y Mar del Plata, o la 33 en el suroeste.

En su fallo, la jueza Forns también criticó la decisión del Gobierno de delegar los movimientos de personal en el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, y señaló que eso “vulnera manifiestamente la estabilidad laboral”.

Mientras el Gobierno insiste con su política de desguace del Estado, la provincia más extensa y poblada del país sufre las consecuencias del ajuste sobre la infraestructura vial. Las rutas se deterioran, las obras se paralizan y los municipios quedan a la intemperie. La red vial, que debería ser motor de desarrollo, se está convirtiendo en un símbolo más del retroceso.

El Gobierno de Javier Milei recibió un nuevo revés judicial. La jueza federal Martina Isabel Forns suspendió por seis meses el decreto que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina. El Ejecutivo, a través del vocero Manuel Adorni, ya anunció que apelará la decisión.

La resolución judicial prohíbe por seis meses reubicar, trasladar, cesantear, suspender o suprimir estructuras del organismo técnico vial. Forns justificó su medida en la necesidad de proteger los derechos laborales y sindicales, al tiempo que advirtió que el decreto del Gobierno pone en riesgo la estabilidad de trabajadores considerados “socialmente vulnerables”.

En su fallo, la jueza cuestionó también la decisión de dejar la gestión del personal en manos del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y consideró que eso “vulnera manifiestamente derechos constitucionales”. Además, advirtió sobre el riesgo de despidos masivos o modificaciones arbitrarias en las condiciones laborales, con consecuencias “irreparables”.

El anuncio del cierre de Vialidad fue hecho por el propio Adorni desde Casa Rosada, en línea con una reforma más amplia que también alcanza a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y a la Agencia de Seguridad Vial, todos señalados por el Gobierno como parte de “la corrupción en la obra pública”. La estrategia oficial contempla que sus funciones pasen a manos de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones recaerá en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

Pero la avanzada libertaria generó un fuerte rechazo en varias provincias, donde el deterioro de las rutas nacionales ya se volvió insostenible. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que el mal estado de los caminos “genera muertes de santafesinos todas las semanas”, y reclamó que se transfieran los corredores a las provincias. “La falta de mantenimiento se está comiendo el activo vial”, afirmó. Gobernadores de Córdoba y Entre Ríos también se sumaron a los reclamos.

Mientras tanto, Vialidad Nacional, históricamente responsable del diseño, construcción y fiscalización de la red vial, queda en el limbo institucional. Y miles de kilómetros de rutas clave siguen a la deriva, en medio de un ajuste que pone en riesgo la conectividad y la seguridad vial en todo el país.