La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Lo hizo con el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en una decisión que desde el peronismo y amplios sectores políticos ya califican como una proscripción encubierta.

El fallo clausura de forma definitiva la posibilidad de revisión judicial, tanto ordinaria como extraordinaria, bajo el argumento técnico de que la defensa no presentó una “fundamentación autónoma”. Traducido: la Corte consideró que los planteos de la expresidenta no fueron suficientemente específicos y que repitieron objeciones ya rechazadas.

Pero el momento elegido para cerrar este expediente no es inocente. Con su candidatura a legisladora bonaerense ya anunciada, Cristina Kirchner queda fuera de competencia por decisión de un poder judicial que insiste en mostrarse ajeno a la política, pero actúa con lógica electoral.

La resolución también desestima todas las objeciones de la defensa, desde la parcialidad de jueces y fiscales hasta la forma en que se incorporaron las pruebas. Incluso niega que se haya afectado el equilibrio institucional, una afirmación difícil de sostener cuando el fallo impacta directamente en la posibilidad de que una figura central del escenario político argentino participe de una elección.

Así, la Corte corona un largo proceso judicial cargado de sospechas y arbitrariedades, con un veredicto que no solo consagra la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Cámara de Casación, sino que también refuerza la idea de un Poder Judicial alineado con intereses ajenos a la Justicia. Lejos de cerrar una etapa, este fallo profundiza la grieta entre la justicia federal y la voluntad popular.