El presidente Javier Milei volvió a hacer uso del veto y esta vez lo aplicó contra uno de los sectores más sensibles: la pediatría. A contramano del reclamo del Hospital Garrahan y de la aprobación casi unánime en el Congreso, el Gobierno nacional decidió tumbar la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica que había sido sancionada el 22 de agosto.

La norma preveía más presupuesto, recomposición salarial para médicos y residentes, insumos críticos y exenciones impositivas para quienes sostienen el sistema de salud infantil. Pero Milei la anuló mediante el Decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada.

El Ejecutivo justificó su decisión con los argumentos de siempre: falta de financiamiento y riesgo de desequilibrios fiscales. Incluso llegó a cuestionar que los pediatras pudieran cobrar mejor que otros profesionales de la salud. Para la Rosada, la prioridad no son los chicos, sino el ajuste.

La ley había nacido del reclamo de los trabajadores del Garrahan, que desde hace meses denuncian salarios devaluados y falta de insumos básicos. También declaraba a ese hospital como centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica. Con el veto, el mensaje presidencial fue claro: ni la salud de los chicos queda a salvo del tijeretazo.

La oposición ya adelantó que buscará insistir en el Congreso para revertir la decisión. Mientras tanto, hospitales y profesionales quedan otra vez sin respuesta frente a una emergencia que no es contable ni fiscal, sino humana.