La Casa Rosada avanza con una fuerte reestructuración del Estado. Disolverá o reducirá el INTA, INTI, ARICCAME, INAFCI, INASE, INV e INPI, a los que considera “ineficientes” y sobredimensionados. El ajuste afecta áreas estratégicas de ciencia, agroindustria, cannabis medicinal y propiedad intelectual.
El Gobierno nacional decidió reestructurar siete organismos públicos, varios de ellos históricos, bajo el argumento de “optimizar funciones” y recortar gastos del Estado. La medida, que se oficializará vía decreto, abarca al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
Desde el Ministerio de Economía aseguraron que la iniciativa busca “reducir estructuras sobredimensionadas e ineficientes” y eliminar “competencias superpuestas” con el sector privado. Los cambios incluyen disoluciones, absorciones por otras áreas y transformaciones en unidades organizativas bajo control directo de secretarías del Ejecutivo.
Qué cambia en cada organismo
● INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
Pasará a ser una unidad dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Mantendrá su nombre y funciones técnicas en metrología, calidad e innovación, pero con una fuerte poda en su estructura administrativa. Actualmente tiene 2.356 agentes y un presupuesto superior a $85.600 millones.
● INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
Dejará de ser autónomo para pasar a depender directamente de la Secretaría de Agricultura. El Gobierno apunta contra su “sobredimensionamiento” y su enfoque en agroecología y agricultura familiar. Tiene más de 6.000 empleados y un presupuesto anual de $229.000 millones. Se enfocará exclusivamente en investigación y transferencia tecnológica.
● ARICCAME (Agencia del Cannabis Medicinal y Cáñamo)
Será disuelta. Sus funciones se redistribuyen: ANMAT controlará el uso medicinal de cannabis y la Secretaría de Industria regulará el cáñamo industrial. El Gobierno justificó la eliminación por “superposición de funciones y falta de resultados”.
● INAFCI (Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena)
También se disuelve. Las funciones previstas por la Ley 27.118 pasarán a la órbita de Agricultura. El Ejecutivo lo calificó como “una caja política” con más de 900 contratados en sus comienzos y lo acusó de beneficiar a provincias afines. Actualmente tiene 105 agentes y un presupuesto de $2.749 millones.
● INASE (Instituto Nacional de Semillas)
Se eliminará su estatus descentralizado. Sus competencias pasarán a depender directamente de la Secretaría de Agricultura. El objetivo declarado es “integrar y simplificar” la regulación sin afectar los derechos de propiedad intelectual de las semillas. Tenía 233 empleados y un presupuesto de más de $20.000 millones.
● INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)
Se convertirá en una unidad organizativa dentro de Agricultura. Seguirá emitiendo certificaciones para exportación, pero se eliminarán controles internos que, según el Gobierno, “generan sobrecostos y burocracia”. Cuenta con 459 agentes y un presupuesto de $12.120 millones.
● INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)
Se transformará en un ente desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria. Con 362 empleados y un presupuesto de casi $8.500 millones, dejará de tener personería jurídica y patrimonio propio. Seguirá registrando y protegiendo marcas y patentes, pero con menos independencia estructural.
Un reordenamiento con fuerte sesgo ideológico
El Gobierno justifica los cambios en la necesidad de “reducir el gasto público” y eliminar estructuras que —según su visión— compiten con el sector privado o sirven como “aparatos de militancia”. Sin embargo, varios de los organismos afectados cumplen funciones técnicas, científicas o productivas que, en otros países, suelen fortalecerse como brazos estratégicos del Estado.
Los recortes ya generaron críticas de especialistas, exfuncionarios y sectores productivos, que advierten por el vaciamiento de capacidades estatales en áreas sensibles como tecnología industrial, semillas, cannabis medicinal y agricultura familiar.