La situación judicial del presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo tras la presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que volvió a reclamar su citación a declaración indagatoria en la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.
El organismo, que actúa como amicus curiae, aportó un escrito en el que sistematiza las pruebas acumuladas en el expediente y agrega nueva evidencia documental. Según planteó, todo ese material ubica al mandatario en el centro de una posible maniobra de negociaciones incompatibles con la función pública, una figura prevista en el Código Penal.
Uno de los elementos más sensibles surge de la pericia realizada sobre el celular de Mauricio Novelli, señalado como intermediario en el lanzamiento del activo digital. Allí se detectó un documento titulado “LOI_KELSIER.docx”, que sería un borrador de acuerdo entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis.
De acuerdo con el CIPCE, ese archivo resulta clave porque evidenciaría la existencia de un vínculo económico previo al lanzamiento de $LIBRA, lo que reforzaría la hipótesis de un interés privado incompatible con el ejercicio de la función pública.
La presentación también advierte que no existen registros oficiales de ese supuesto acuerdo en ninguna dependencia estatal, incluyendo la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro. Para el organismo, esta ausencia refuerza la sospecha de que se trató de una operatoria por fuera de los mecanismos formales y de control.
Otro punto relevante es el análisis del flujo de fondos. El CIPCE identificó un pago de USD 250.000 de la firma Tech Forum SRL a Kelsier Holding LTD, en una secuencia de transferencias que, según estiman, podría superar el millón y medio de dólares. Este movimiento sería, según la entidad, parte de un esquema de beneficios económicos asociado a la promoción del activo.
Además, el escrito reconstruye la secuencia de hechos del 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el contrato de $LIBRA en redes sociales. Allí se registraron comunicaciones previas entre el Presidente, Novelli y la secretaria general Karina Milei, así como reuniones presenciales con actores clave que no habrían sido declaradas en los registros oficiales de audiencias.
Con este conjunto de pruebas —documentación peritada, registros telefónicos, ingresos a dependencias oficiales y movimientos financieros— el CIPCE sostiene que existe un nivel de sospecha suficiente para avanzar con la indagatoria del jefe de Estado.
Desde la entidad fueron contundentes: “La justicia no puede ignorar la contundencia de los registros. El Presidente debe explicar por qué utilizó su investidura para promocionar un negocio privado en el que tenía un interés previo documentado”, afirmó Pedro Biscay.
El planteo vuelve a poner en el centro de la escena el vínculo entre poder político y negocios privados en la actual gestión, en un contexto donde crecen los cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de la investidura presidencial.
