La política del Gobierno nacional de frenar la obra pública sumó un nuevo revés judicial. La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Municipio de Azul y ordenó al Estado nacional intervenir de manera urgente un tramo de la Ruta Nacional 3, entre Azul y Cacharí, al considerar que el deterioro de la calzada representa un riesgo concreto para quienes transitan por ese corredor.
La resolución revocó el fallo del Juzgado Federal N° 2 de Azul, que había rechazado el planteo del municipio, y obligó tanto a la Dirección Nacional de Vialidad como a Corredores Viales S.A. a ejecutar tareas preventivas y presentar un plan de trabajo mientras continúa el trámite del amparo.
Para los camaristas existen pruebas suficientes que demuestran el peligro que presenta la ruta. Entre ellas figuran informes de la Policía Federal que describen la presencia de baches de gran tamaño, hundimientos, deformaciones por el tránsito pesado, huellas profundas y una señalización deficiente en distintos sectores.
A ese diagnóstico se suma otro dato que resultó determinante: en apenas seis meses se registraron once siniestros viales en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí, una situación que llevó al tribunal a ordenar medidas urgentes para prevenir nuevos accidentes.
Qué deberá hacer el Gobierno
La sentencia obliga al Estado nacional a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos mientras se ejecutan las obras de mayor envergadura. Entre ellas se encuentran la colocación de carteles preventivos, balizamiento, mejoras en la señalización, reducción de velocidades máximas, reparaciones provisorias y, cuando sea necesario, restricciones parciales al tránsito o desvíos.
Además, Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán presentar en un plazo de diez días hábiles un plan detallado de intervención con prioridades, cronograma, responsables y medidas de contingencia.
Ese programa deberá ejecutarse en un máximo de 120 días corridos y quedará bajo seguimiento del Juzgado Federal de Azul mediante informes periódicos sobre el avance de las tareas.
En los fundamentos del fallo, los jueces señalaron que la finalidad de la medida cautelar no es determinar responsabilidades definitivas, sino evitar que continúen produciéndose daños mientras se resuelve el expediente. Para ello citaron jurisprudencia de la Corte Suprema y el deber de prevención previsto en el Código Civil y Comercial.
Crecen las críticas por el estado de las rutas nacionales
La decisión judicial llega en medio de cuestionamientos por el deterioro de la infraestructura vial y la paralización de obras durante la gestión de Javier Milei.
Días atrás, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtió que más del 70% de las rutas nacionales presenta un estado regular o malo. Desde el gremio atribuyeron esa situación a la caída de la inversión, la paralización de trabajos y la reducción de personal especializado.
El deterioro también motivó reclamos de organizaciones vinculadas con la seguridad vial e intendentes bonaerenses. En paralelo, continúan las críticas por la paralización de la doble vía de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, una obra que permanece frenada pese a registrar un alto nivel de avance.
Con este fallo, la Justicia vuelve a poner bajo la lupa la política vial del Gobierno nacional y abre un nuevo frente para la administración de Milei, que ahora deberá presentar un plan concreto para recuperar uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires.
