Más de tres millones de hogares de la provincia de Buenos Aires vuelven a quedar en el centro de la discusión energética. El Gobierno nacional analiza avanzar con cambios en el Régimen de Zona Fría, un esquema que hoy otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas y que, tras su ampliación en 2021, alcanzó a buena parte del territorio bonaerense.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas que la Casa Rosada busca reactivar en el Congreso luego del rechazo al capítulo energético del Presupuesto 2026. En ese proyecto, el oficialismo ya había planteado la necesidad de reducir el universo de beneficiarios con el argumento de aliviar el costo fiscal.
El régimen fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565 para regiones de bajas temperaturas como la Patagonia, la Puna y Malargüe. Sin embargo, en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Ley 27.637 amplió su alcance a nuevas zonas, incluyendo ciudades como Bahía Blanca y gran parte del sudoeste bonaerense. Esa modificación llevó el número de beneficiarios de menos de un millón a cerca de cuatro millones de usuarios en todo el país.
Impacto directo en Buenos Aires
Un eventual recorte tendría un efecto inmediato en la provincia, donde millones de usuarios acceden hoy a tarifas reducidas. El listado de distritos alcanzados es amplio e incluye municipios del sur como Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Coronel Rosales, Villarino y Patagones, así como localidades del interior como Trenque Lauquen, Olavarría, Azul, Tandil, Pergamino y Junín. También se suman distritos como Villa Gesell y Tres Arroyos.
Tras la ampliación de 2021, el universo de beneficiarios creció de forma exponencial: pasó de unos 950.000 usuarios a cerca de cuatro millones a nivel nacional. Una porción importante de ese salto se explica por la incorporación de municipios bonaerenses, lo que convirtió a la provincia en uno de los principales ejes del esquema.
En términos concretos, se estima que más de tres millones de hogares bonaerenses acceden actualmente a algún tipo de descuento en la tarifa de gas, lo que representa una parte significativa de los usuarios residenciales conectados a la red.
Financiamiento bajo presión
El sistema se financia a través de un fondo fiduciario alimentado por un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que pagan todos los usuarios del país. Ese recargo, que tenía un tope del 7,5%, fue recientemente habilitado a subir hasta el 11,25% por el Ministerio de Economía, lo que refleja la presión creciente sobre el esquema.
Desde el Gobierno sostienen que el régimen perdió focalización tras su ampliación, al incluir zonas con climas menos rigurosos. Sin embargo, desde las provincias advierten que el criterio climático no es el único factor relevante y que también deben considerarse los niveles de ingreso y las condiciones de infraestructura energética.
Tensión política y escenario abierto
Las regiones del sur y sudoeste bonaerense aparecen como las más sensibles ante cualquier cambio, por sus mayores niveles de consumo durante el invierno. Sin embargo, el eventual recorte no se limitaría a esas zonas y podría extenderse a amplios sectores del interior e incluso del área metropolitana.
Los antecedentes recientes anticipan un debate complejo. Tanto en la discusión de la Ley Bases como en el tratamiento del Presupuesto 2026, los intentos de modificar el esquema encontraron resistencia en el Congreso, con fuerte presión de gobernadores e intendentes.
El nuevo proyecto aún no tiene redacción definitiva, pero incluiría parte de las reformas energéticas que quedaron fuera del presupuesto, como cambios en subsidios y beneficios a energías renovables.
En ese marco, la Zona Fría vuelve a instalarse como un eje de conflicto político. Para la provincia de Buenos Aires, el debate excede lo técnico: cualquier ajuste impactaría de lleno en las tarifas de millones de usuarios en un contexto atravesado por subas de servicios y pérdida de poder adquisitivo.
